Aires Del Sur (ADS), la firma fueguina que fabrica equipos de aire acondicionado bajo las marcas Electra y Fedders, presentó este miércoles ante la justicia un pedido de quiebra argumentando un "estado de cesación de pagos actual, generalizado e irreversible" y el fracaso definitivo de su plan de continuidad productiva.

La solicitud, firmada por el presidente de la compañía, Roberto Ángel Ceretti -quien tomó la conducción en noviembre pasado- describe una crisis "estructural" provocada por un modelo de financiamiento comercial deficitario agravado por las condiciones de mercado desde multas de 2023. Según el escrito al que accedió Infobae, el esquema habitual de la compañía consistía en la preventa de equipos con cheques diferidos que luego eran descontados para financiar la compra de materia prima importada; Ese circuito generó un costo financiero anual del 25%-30%, mientras los márgenes netos del negocio rondaban el 10%-15%, lo que volvió la operación inviable.

Fracasó la búsqueda de un socio estratégico

El directorio detallado que desde noviembre de 2025 negoció con Chigo Group, fabricante chino de aire acondicionado, la venta total de la empresa o la cesión del 80% (o 50%) del paquete accionario, con una inversión mínima prevista de USD 5 millones para capital de trabajo y compra de acciones. El plan incluía además sustituir la autofinanciación local por crédito de proveedor a 150 días y el envío desde China de entre 7.000 y 14.000 kits mensuales para reactivar la planta.

Pese al interés inicial, el grupo chino condicionó cualquier acuerdo a visitas y evaluaciones posteriores; esa demora fue considerada "incompatible con la crítica situación financiera" por la administración actual y motivó la solicitud de quiebra.

Plan rechazado por la justicia

ADS había presentado un Plan de Continuidad Productiva Controlada que proponía terminar en la planta 4.000 kits ya importados y destinar la producción al pago de un proveedor por aproximadamente USD 500.000, a salarios adeudados y un fondo indemnizatorio, bajo control judicial y fiscalización sindical. El juzgado rechazó la autorización el 19 de febrero, señalaron desde la empresa, lo que dejó sin margen la alternativa de reactivación.

Despidos y denuncias cruzadas

En los últimos días la planta en Río Grande fue escenario de fuertes reclamos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) por la falta de certezas sobre la continuidad de la firma, el pago de salarios de febrero y vales acordados. Los 140 trabajadores de la planta fueron desvinculados, según la nota judicial.

Fuentes del mercado y un proveedor aportaron otra versión: hasta noviembre de 2025 la propiedad habría sido de Juan Pablo y Juan Ignacio Guaita, y el proveedor denunció maniobras para vaciar la empresa -"poner gente que no existe" y trabajar en doble turno para sacar equipos-, incluso sospechas de testaferros y de una quiebra intencional. ADS, en su presentación, atribuye el deterioro a la estructura recibida y "perdidas estructurales" acumuladas.

Activos y pasivos

Como parte del pedido concursal, la empresa puso a disposición sus activos principales: la planta industrial en Tierra del Fuego -tasada por el Banco Nación en más de USD 15 millones al tipo de cambio oficial- y los 4.000 kits en el puerto de Buenos Aires, cuyo valor como equipos terminados se estimó en torno a USD 2 millones. ADS sostiene que esos activos "superan ampliamente" el pasivo, incluidos los créditos laborales, y que la quiebra es "el único curso legalmente responsable" para preservar el valor y proteger a la masa de acreedores tras caer la alternativa asociativa.

Un contexto industrial adverso

 La caída de ADS se enmarca en un momento de fuerte tensión para la industria manufacturera argentina, y en particular para el régimen de Tierra del Fuego: la reducción de aranceles, la apertura comercial y los elevados costos financieros erosionaron la competitividad que históricamente protegió la producción local. Varias plantas anunciaron cierres o suspensiones en los últimos meses, y el esquema promocional de la isla atraviesa una etapa de redefinición.

El Gobierno prorroga herramientas de fomento, pero desde el sector permitirá que el nuevo escenario obligue a reescribir estrategias productivas y financieras. En el caso de ADS, la decisión judicial que se adopte en los próximos días definirá si el proceso de quiebra avanza o si aparece una oferta de último momento que permita una reestructuración bajo supervisión.