La fiscalía solicitó al juez federal Marcelo Aguinsky ampliar la investigación sobre posibles irregularidades financieras en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), centrada en la compra de una mansión en Pilar y el movimiento de fondos millonarios mediante intermediarios internacionales. Entre los involucrados se encuentran el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el empresario Javier Faroni, según fuentes judiciales.

Denuncias y giros sospechosos

Según el requerimiento, entre 2021 y 2025 habría operado una red de intermediarios que canalizó fuera de Argentina más de US$300 millones provenientes de la Selección y patrocinadores. Las operaciones incluían transferencias a empresas offshore y actividades privadas, como compras de caballos de salto a través de TourProdEnter LLC y otras compañías vinculadas a Faroni.

La fiscalía busca determinar la relación de los denunciados con las sociedades nacionales e internacionales involucradas, señalando un "denominador común" en las operaciones, mientras que el juez Aguinsky considera que el núcleo central de la investigación es la AFA.

Ampliación de la investigación por la Coalición Cívica

La Coalición Cívica, que ya había denunciado irregularidades en la compra de la mansión de Pilar, presentó una ampliación del caso ante los tribunales. Los denunciantes Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe pidieron indagar sobre el funcionamiento de la supuesta red internacional de intermediarios financieros, que habría operado bajo el pretexto del "cepo cambiario" y con comisiones elevadas de hasta un 30% sobre los montos manejados.

Según la presentación, la AFA habría recurrido a al menos seis empresas intermediarias en el exterior para recibir fondos de patrocinadores y otras fuentes, distribuyéndolos luego fuera del circuito legal. Entre los señalados como organizadores figuran Tapia, el director Comercial y de Marketing Leandro Petersen, el tesorero Pablo Ariel Toviggino y Juan Pablo Beacon, exdirector ejecutivo de la AFA.

Posibles delitos y próximos pasos

Los denunciantes solicitaron investigar presuntos delitos de lavado de dinero y administración fraudulenta, mientras la Justicia analiza la documentación presentada y la vinculación de los implicados con las compañías internacionales. El avance de la causa podría derivar en citaciones y medidas adicionales conforme se recopile nueva evidencia.