La titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°43, Silvana Russi, pidió que Leandro Esteban García Gómez -expareja de Lourdes Fernández, conocida por su paso por Bandana- sea llevado a juicio por una serie de episodios de violencia de género ocurridos entre enero y octubre de este año.

El requerimiento fue presentado ante el juez Diego Slupski, donde la fiscal acusó a García Gómez de lesiones leves agravadas, privación ilegítima de la libertad, coacción y amenazas reiteradas. Aunque Lourdes no instó la acción penal, la fiscal consideró que su silencio forma parte del "círculo de violencia" en el que estaba inmersa.

Un vínculo marcado por años de violencia y sometimiento

El caso se inició tras la denuncia de la madre de la cantante, que derivó en un allanamiento en un departamento de Palermo. Allí, Lourdes fue rescatada mientras el acusado fue encontrado escondido dentro de un armario.

Según describió la fiscalía, la pareja mantuvo una relación conflictiva desde 2020, signada por agresiones físicas y psicológicas, manipulación emocional, control y aislamiento. Un informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema concluyó que se trataba de un caso de "entrampamiento vincular".

Russi remarcó que el miedo, la dependencia afectiva y la manipulación limitaron la capacidad de la víctima para romper con el vínculo. Por eso, consideró indispensable la intervención judicial para garantizar su protección y evitar nuevos hechos de violencia.

El acusado está detenido y podría enfrentar un juicio oral

García Gómez permanece detenido desde el 4 de noviembre y su prisión preventiva ya fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones. Para la fiscalía, quedó acreditado que el hombre ejerció violencia física y psicológica de manera sostenida, restringió la libertad de Lourdes y llegó a intimidar a su entorno cercano para reforzar su dominio sobre la víctima.

Russi también pidió la intervención de la Dirección General de Acompañamiento a las Víctimas (DOVIC), que brindará apoyo a Lourdes de cara al juicio oral. Además, recordó que el caso debe analizarse conforme a los estándares de la Convención Belém do Pará y la CEDAW, que obligan al Estado a actuar con diligencia frente a la violencia contra las mujeres.