Piden a ANSES suspender la jubilación de privilegio de Alberto Fernández

Legisladores porteños solicitaron que se le quite el beneficio al expresidente procesado por la causa Seguros.

Tras el procesamiento de Alberto Fernández por el presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública, legisladores de la Ciudad de Buenos Aires pidieron a la ANSES que suspenda de forma inmediata la jubilación de privilegio que percibe el expresidente.

El planteo fue presentado por Graciela Ocaña, María Sol Méndez y Sebastián Nagata, del interbloque Confianza Pública. El documento fue dirigido al titular del organismo previsional, Fernando Bearzi, e insiste en que se deje de abonar la asignación mensual vitalicia hasta que se resuelva su situación judicial.

No puede sostenerse un beneficio si hubo abuso de poder

Es de público conocimiento que el 10 de julio el ex presidente fue procesado por el juez federal Sebastián Casanello por su rol en la causa Seguros, señala el escrito, que remarca la necesidad de no seguir destinando recursos públicos a una persona que pudo haber utilizado su cargo para beneficio propio.

Los legisladores advirtieron que mantener este beneficio generaría una millonaria pérdida al Estado. Según datos oficiales, a febrero de 2025 el monto de la jubilación de Alberto Fernández superaba los 8.877.000 pesos mensuales.

Qué mensaje da el Estado si un jubilado que trabajó toda su vida no puede comprar medicamentos, mientras un ex presidente procesado por corrupción cobra más de 24 jubilaciones mínimas, cuestiona el texto.

El procesamiento por la causa Seguros y el embargo millonario

La presentación ocurre luego de que el juez Casanello procesara a Fernández por su presunta intervención en un esquema de contrataciones irregulares con Nación Seguros durante su gestión. El magistrado también dictó un embargo por más de 14.600 millones de pesos sobre los bienes del expresidente.

La investigación apunta a un supuesto entramado de negocios con brokers vinculados al círculo íntimo del exmandatario. Según la Justicia, esas firmas se habrían beneficiado con contratos estatales tras ser avaladas públicamente por Fernández.

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