El 15 de enero, Paulina Lebbos hubiera celebrado sus 43 años. En lugar de ello, el 26 de febrero se cumplieron 20 años de impunidad respecto del momento en que le robaron todo. Porque cuando le quitaron la vida, ese día de 2006, le robaron todo lo que era. Y todo lo que pudo haber sido.

El hecho de que hayan transcurrido dos décadas sin que haya justicia respecto de ese crimen aberrante interpela estructuralmente a esta provincia. ¿Cómo va a desaparecer una tucumana en la vía pública en plena democracia? ¿Cómo va a aparecer muerta dos semanas después y ese delito aberrante va a seguir sin culpables? ¿Cómo se va a montar la infernal maquinaria de corrupción y encubrimiento gubernamental y policial que rodeó el caso y va a haber una legión de indiferentes?

Cuando finalmente dieron con el cuerpo sin vida de Paulina, el 11 de marzo de 2006, los agentes le avisaron del hallazgo al fiscal de turno cuatro horas después. En el acta se anotó que el hallazgo se produjo tras un rastrillaje sin precedentes. La verdad es que la Policía nunca encontró nada: con el cadáver dieron dos baquianos, que fueron privados de su libertad y "apretados" para que no dijeran que eran ellos los que se habían topado con los restos de la joven madre y estudiante.

Paulina, sin vida, fue movida. El lugar del hecho, desbaratado. Las primeras fotos, escondidas. La escena, cambiada. Las actas, adulteradas. Las firmas, falsificadas. Los testigos, amenazados. Todo esto, por cierto, según informaron oportunamente tanto Gendarmería como la Policía Federal.

El primer fiscal, Alejandro Noguera, fue apartado de la causa luego de una sorpresiva reunión con el entonces gobernador, José Alperovich. "Necesito ayuda para investigar", declaró entonces. El expediente recayó en Carlos Albaca, quien le negó a Alberto Lebbos, padre de la víctima, acceso al expediente durante siete años. Lebbos no demoró en denunciar a funcionarios del área de Seguridad y renunció a su cargo de Secretario de la Juventud. Sólo un funcionario lo acompañó: Bernardo Lobo Bougeau, entonces secretario de Derechos Humanos y luego abogado de Lebbos. Todos los demás siguieron. Muchos, durante años. Algunos continúan hoy en el poder.

Gracias a la presión por las incesantes protestas de Lebbos, Albaca elevó un informe a la Corte Suprema. Las marchas, por cierto, tuvieron una suerte dispar. Las primeras fueron multitudinarias. Pero en algún momento llegó a caminar alrededor de la plaza acompañado tan sólo por un militante del Partido Obrero que nunca lo abandonó. En el informe. Albaca mencionó 8 hipótesis. Una de ellas era la posible participación de "hijos del poder" en la muerte de ella. Eso sí: jamás imputó a nadie.

Cuando dejó la causa, el expediente recayó en manos del fiscal Diego López Ávila. Con celeridad, sometió a una prueba de ADN a los 12 mencionados por Albaca. Pero el pelo con el que debía hacerse el cotejo genérico, encontrado en las ropas de la víctima, no había sido preservado. El mayor elemento de prueba estaba arruinado.

La fiscala de Cámara Marta Jerez de Rivadeneira sostuvo que Albaca actuó con negligencia, indolencia y ligereza. "No fue diligente tratando de descubrir la verdad con la mayor brevedad, sino que dejó que los avatares del proceso amortigüen el dolor y el clamor público (...), con el consecuente peligro de que las pruebas se estropeen o se pierdan", lapidó, premonitoria.

Albaca, en su descargo, pretendió que Alberto Lebbos no había sido un buen padre. Y se refirió a Paulina con aseveraciones infundadas y ultrajantes. Ante el escándalo, se pidió su juicio político. Pero en la Legislatura archivaron el planteo cuando el entonces fiscal presentó su renuncia condicionada al beneficio de la jubilación con el 82% móvil. Sin embargo, no reunía los requisitos para ese beneficio previsional. Ingresó un segundo pedido de destitución y el alperovichismo legislativo mintió: dijo que no podía ser juzgado dos veces por la misma causa, a pesar de que el "archivo" del primer planteo no había generado ningún "estado". Albaca volvió a dimitir, esta vez para acogerse a una jubilación ordinaria. El entonces gobernador aceptó la renuncia, con celeridad, en ambas oportunidades.

El resultado de todo este cúmulo de obscenidades es que hubo varios juicios por encubrimiento. En distintos procesos terminaron condenados Albaca, Eduardo Di Lella (ex secretario de Seguridad), Hugo Sánchez (ex jefe de Policía), Nicolás Barrera (ex subjefe de la fuerza) y Héctor Brito (ex jefe de la Unidad Regional Norte). Antes ya habían sido condenados Enrique García, Manuel Yapura y Roberto Lencina. El primero era jefe de la comisaría de Raco cuando Paulina apareció sin vida en Tapia. Los otros dos eran agentes. Este año fue condenada por falso testimonio Virginia Mercado, quien se reivindicaba amiga de Paulina pero reconoció haber mentido cuando prestó declaración en la causa. ¿Tanto encubrimiento para beneficiar a quién?

Para el 9 de marzo está previsto el inicio del cuarto juicio, con César Soto acusado por el homicidio y Sergio Kaleñuk imputado por el presunto encubrimiento. Es la imperecedera lucha de Alberto Lebbos lo que ha mantenido vigente este reclamo de Justicia. Porque a diferencia de crímenes perpetrados contra mujeres en Catamarca o en Santiago del Estero, no hubo clamor popular de esclarecimiento, ni referentes religiosos enarbolando la necesidad de combatir la impunidad, ni un cambio de régimen de gobierno. Ni siquiera, una alteración de las conductas electorales.

Hace 20 años que Paulina Lebbos no descansa en paz. La conciencia de Tucumán, tampoco.