Lo que empezó como una adhesión a una protesta terminó en un escándalo con consecuencias a nivel nacional. El pasado miércoles 18, la delegación de PAMI en El Bolsón no abrió sus puertas al público, en el marco de la marcha en apoyo a Cristina Kirchner tras la confirmación de su condena por la causa Vialidad.

Aunque los empleados estaban presentes en el edificio, decidieron no atender a los afiliados. El hecho generó una fuerte reacción del Gobierno, que por estas horas evalúa aplicar sanciones y hasta despidos, según confirmaron fuentes oficiales.

Malestar oficial por la falta de atención a jubilados

El episodio llegó hasta la Casa Rosada, donde no cayó nada bien que personas mayores hayan quedado sin atención en un día de bajas temperaturas. La situación fue descripta como "un desastre" por fuentes cercanas a la investigación interna abierta en el organismo.

El malestar es "total", aseguraron voceros del oficialismo, que apuntan directamente a la conducción local del PAMI. El expediente avanza en el área de Legales, bajo la órbita del director nacional del organismo, Esteban Leguizamo, y contempla posibles sanciones para al menos seis empleados.

Pruebas, carteles sindicales y respaldo político

Entre las pruebas analizadas hay fotografías del local cerrado con carteles de ATE en sus ventanas, llamando al paro. La denuncia original fue impulsada por referentes locales de La Libertad Avanza, lo que aceleró la reacción del Ejecutivo.

La jornada en cuestión coincidió con una multitudinaria movilización en Plaza de Mayo impulsada por gremios como ATE y sectores del peronismo en repudio a la confirmación judicial contra Cristina Kirchner.

Desde el Gobierno ya habían advertido que habría consecuencias para los estatales que no asistieran a sus lugares de trabajo ese día. Sin embargo, lo ocurrido en El Bolsón fue considerado por las autoridades como "un caso extremo".