El legislador y ex intendente de Famaillá, José Fernando Orellana, presentó este jueves su renuncia irrevocable como miembro de la comisión de Juicio Político, en medio de la polémica generada por la destitución de la jueza María Carolina Ballesteros y las críticas por su condena por abuso sexual.

La presión que llevó a la renuncia

La decisión de Orellana llegó después de que el abogado de la jueza Ballesteros, Gustavo Morales, solicitara su apartamiento de la comisión. Morales recordó que el legislador tiene una condena firme por abuso sexual, con una pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

"Al encontrarse firme la sentencia condenatoria, corresponde que sea removido en los términos del Artículo 58 de la Constitución de la Provincia", señaló Morales en una nota dirigida al vicegobernador Miguel Acevedo. Además, destacó la "inconmensurable gravedad institucional" de que un condenado por abuso sexual continúe integrando la Legislatura.

La respuesta de Orellana

En una nota dirigida al presidente de la Cámara, Orellana justificó su renuncia por "razones estrictamente personales". Aseguró que su decisión no estaba relacionada con las críticas recibidas, sino con la imposibilidad de continuar ejerciendo sus funciones con la dedicación necesaria.

"Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de presentarle mi renuncia irrevocable como integrante de la Comisión de Juicio Político de este honorable cuerpo legislativo, cargo que he desempeñado con total compromiso hasta la fecha", expresó el legislador, conocido como "El Mellizo".

El impacto político de la renuncia

La salida de Orellana de la comisión de Juicio Político marca un nuevo capítulo en la crisis institucional que atraviesa la Legislatura. Su condena por abuso sexual, confirmada por la Cámara Nacional de Casación, había generado un fuerte rechazo en diversos sectores políticos y sociales.

Aunque Orellana aseguró que continuará trabajando en otras áreas de su función legislativa, su renuncia pone en evidencia las tensiones internas y la presión pública por transparentar y sanear las instituciones.