Plenario de Diputados: foco en Milei y el Gobierno

El plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública, presidido por Daniel Arroyo, y de Discapacidad, a cargo de Pablo Yedlin, resolvió reunirse nuevamente la próxima semana, esta vez de manera separada. El objetivo es debatir los proyectos que buscan interpelar a la subsecretaria de la Presidencia, Karina Milei; al ministro de Salud, Mario Lugones; y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La medida surge tras la difusión de audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se mencionan presuntos hechos de corrupción. La oposición también planea solicitar informes a la Casa Rosada.

Sin embargo, tanto Alejandro Vilches, interventor de la ANDIS, como Lugones no asistieron al plenario convocado, lo que generó malestar entre los legisladores.

Iniciativas de la oposición y críticas por ausencias

Diputados como Sabrina Selva (UxP), Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Alejandro Vilca y Christian Castillo (Frente de Izquierda) presentaron proyectos propios para interpelar a Milei, Francos y Lugones. La discusión de estas iniciativas se realizará el martes a las 12 horas.

El martes por la tarde, la comisión presidida por Arroyo tratará otros pedidos de informes vinculados a las presuntas irregularidades en la ANDIS, incluidos los de Ricardo López Murphy, Andrea Freitas, Sergio Casas y Esteban Paulón.

La diputada Leila Chaher (UxP) criticó la falta de respuesta del Gobierno y la ausencia de los legisladores de La Libertad Avanza y el PRO, señalando que se evidencia un desprecio hacia el Parlamento. Desde la Coalición Cívica, Paula Oliveto Lago y Marcela Coli de Democracia para Siempre coincidieron en que la discapacidad no debe tener colores políticos y subrayaron la necesidad de actuar con responsabilidad.

Proyecto de reforma de la ANDIS

Paralelamente, el diputado Juan Marino (UxP) presentó un proyecto para reformar la ANDIS, buscando mayor participación de las organizaciones que representan a personas con discapacidad. La propuesta incluye un directorio colegiado con acceso transparente a contratos, programas y presupuestos.

El esquema planteado contempla que el Poder Ejecutivo designe un presidente y un vice, mientras que las provincias y organizaciones de personas con discapacidad aporten representantes, asegurando un control más democrático y abierto de la gestión del organismo. La iniciativa se encuentra en discusión entre los diferentes bloques políticos.