El Gobierno formalizó la convocatoria a sesiones extraordinarias mediante el Decreto 865/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Las sesiones se desarrollarán del 10 al 30 de diciembre de 2025 y buscarán agilizar el tratamiento de políticas consideradas urgentes por el Ejecutivo.

El temario oficial incluye proyectos de gran impacto económico, fiscal, laboral y ambiental. Entre ellos destacan el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal, la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, la reforma laboral, la modificación del Código Penal y la adecuación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y el Ambiente Periglacial.

Proyectos prioritarios y debates en el Congreso

El Presupuesto 2026 establecerá los recursos y gastos del Estado, siendo clave para la planificación financiera y las políticas públicas. La reforma laboral busca actualizar el marco regulatorio del empleo, generando debates sobre flexibilización y derechos laborales.

La reforma del Código Penal prevé ajustes en definiciones y penas, mientras que las modificaciones en la ley de Glaciares generan preocupación sobre la protección de los ecosistemas de alta montaña. La Ley de Inocencia Fiscal apunta a actualizar el régimen impositivo vigente, y el proyecto de estabilidad fiscal busca impedir que funcionarios de alto rango emitan dinero para cubrir déficit.

El Ejecutivo instruyó a la Jefatura de Gabinete, liderada por Manuel Adorni, a coordinar la remisión de los proyectos y asegurar su tratamiento como iniciativas "de urgente consideración".

Estrategia del oficialismo y negociaciones con bloques provinciales

La Libertad Avanza (LLA) busca aprobar estos proyectos antes del 31 de diciembre, aunque no cuenta con mayoría propia en el Congreso. Esto obliga al oficialismo a negociar directamente con los bloques provinciales y aliados, trasladando gran parte de la estrategia a la Casa Rosada.

Bloques como Provincias Unidas, Unión Cívica Radical (UCR), Innovación Federal y sectores internos de Unión por la Patria representan a gobernadores de distintas provincias, priorizando intereses locales sobre los partidarios. Esta dinámica refleja la fragmentación política y la necesidad de acuerdos estratégicos para sancionar las leyes en sesiones extraordinarias.