Mientras el gobierno provincial apuesta en pleno a poder sostener su imagen de gobierno "impulsor de obra pública", los procedimientos administrativos y legales ralentizan el ritmo de obra. Aunque recientemente el tribunal de cuentas dio "luz verde" a que el IPVyDU pueda ceder sus fondos FONAVI, levantando así el "cepo" al PROCREAR, ahora las empresas constructoras han realizado una serie de presentaciones que significarán una dilación en los plazos de entrega establecidos contractualmente. 

Se verifica un patrón reiterado y preocupante en distintas actuaciones administrativas: múltiples empresas contratistas solicitan idénticas ampliaciones de plazo. Son las empresas ALFA S.RL. ( la constructora favorita de Terraf); ALPRE S.A.; QUEÑOA S.A.; CONSTRUCCIONES ELECTRICAS (CESA); y DANIEL INGENIERÍA S.R.L. Todas solicitan un plazo de ampliación de 178 días, invocando de manera uniforme condiciones climáticas adversas (lluvias o precipitaciones).  Las actuaciones quedaron registradas en los Acuerdos del Tribunal de Cuentas N° 852, 854, 861, 862 y 863 del 27 de marzo de 2026.

En todos los casos, los idénticos pedidos son sistemáticamente aprobados por el  el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público,  y posteriormente suspendidos transitoriamente en el Tribunal de Cuentas.

Este comportamiento homogéneo y corporativo llama un poco la atención. Las 5 empresas solicitan el mismo plazo de ampliación, esgrimiendo los mismos argumentos, y con la misma respuesta administrativa. 

En simultaneo, tenemos un caso similar a menor escala: el caso de las empresas Igma Cosntrucciones S.R.L. y Omodeo S.A. Ambas empresas solicitaron una prórroga de 171 días, siguiendo el procedimiento mencionado anteriormente y con el mismo desenlace: encontrando la convalidación ministerial y la objeción tribunalicia. Así lo reflejan los Acuerdos N° 852 y 864  que fueron firmados con la misma fecha, el 27/03/2026.

A las claras se ve un ministerio que convalida y un organismo de control que supuestamente "pone un freno": el juego del policía bueno y el policía malo.

Un dato no menor es que Omodeo S.A. es la empresa que originalmente vendió al Banco Hipotecario el terreno donde hoy se hace el emprendimiento en el cual , ahora Omodeo S. A es contratista. 

POSE S.A. actuó en soledad, en el Acuerdo N° 859 consta que  solicitó ampliación de plazos  150 días por precipitaciones extraordinarias. El resultado fue obvio: el Ministerio concedió la ampliación requerida, pero el Tribunal devolvió el expediente para requerir una debida justificación y acreditación fáctica de los días otorgados.

Pero para que todo no parezca un "modus operandi", el Tribunal de Cuentas convalidó algunos pedidos de ampliación. La UTE que Alfa Construcciones S.R.L (la empresa predilecta de Terraf ) integra junto a las empresas GAMA S.A. (de Jorge Garber) y HELPA S.A, a través del Acuerdo N° 860, recibieron la no objeción del organismo de contralor en su pedido de postergar por 42 días la fecha de culminación de obra.Idéntica dicha tuvo también, en soledad, la empresa GAMA S.A., en  su pedido de ampliar el plazo por 42 días  el plazo de una  otra obra que ejecuta, porque al igual que Alfa, la constructora terrafista,  GAMA también se benefició con la adjudicación de  obras tanto de manera particular, como en el esquema que posibilitan las uniones transitorias de empresas.  Así se refleja en el Acuerdo N° 853 del TC, publicado también el 27 de marzo reciente, y evidenciando , al menos, un "nado sincronizado" que tiñe de  un manto de sospecha no solo a las empresas contratistas que participan del PROCREAR, sino a los organismos estatales involucrados .Te puede interesar:

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