El manual de la política tucumana tiene un capítulo dedicado a la "elasticidad" del tiempo. Mientras el ciudadano de a pie espera que se inauguren las viviendas o se terminen las plantas de tratamiento, en las oficinas del Ministerio de Obras y Servicios Públicos los expedientes de ampliación de plazos circulan con una fluidez asombrosa.

Y acá es donde se ve una contradicción bastante llamativa, porque por un lado el Gobierno habilita mecanismos como las contrataciones directas, con la excusa de "ganar tiempo" (evitando las licitaciones públicas), y luego, cuando las obras fueron adjudicadas con absoluta discrecionalidad, el mismo gobierno permite que las empresas posterguen sus compromisos contractuales para terminar las obras.

Surge también un interrogante. ¿Es ineficiencia o es estrategia? Pareciera que al oficialismo todo esto le conviene en la medida en que siempre tenga alguna que otra cinta para cortar, principalmente cuando las urnas vuelven a aparecer en el horizonte. Y las elecciones provinciales de 2027 vienen asomando.

Ayer, Enterate Noticias detalló el modus operandi con el cual las empresas constructoras que trabajan en Manantial Sur solicitan de manera corporativa ampliaciones de plazo para culminar sus obras. Y por más que el Ministerio de Obras y Servicios Públicos tenga facultades y hasta un marco legal, tanto para adjudicar discrecional y directamente obras multimillonarias, como para aceptar los pedidos de prórrogas de las empresas, la publicación de una docena de acuerdos del Tribunal de Cuentas, en un mismo día (el pasado 27 de marzo), atendiendo al mismo pedido de distintas empresas, genera un marco de desconfianza absoluta que salpica incluso al organismo de contralor, rememorando también el polémico rol del TC durante lo que fue la construcción de Lomas de Tafí.

  Porque por mas que las denuncias y sospechas de convalidación de sobreprecios durante el megaemprendimiento taficeño no haya tenido consecuencias legales, en el Tucumán oriundo de José López, el revoleo de bolsos en un convento ratificó las sospechas populares de que en la obra pública puede haber un sistema de prácticas corruptas transversales en todos los niveles y en toda la cadena de ejecución de obra

El Gobierno provincial suele justificar las contrataciones directas bajo el argumento de la urgencia. Sin embargo, la realidad de los acuerdos del TC demuestra que esa urgencia desaparece apenas se firma el contrato.

Si el Estado evita la licitación para que la obra se haga "ya", ¿por qué después acepta con tanta docilidad que las empresas se tomen 120 o 180 días extra? La respuesta podría estar en el calendario electoral. Mantener frentes de obra abiertos permite al oficialismo mostrar "gestión en marcha" durante meses, evitando el silencio que queda después de una inauguración.

Mientras tanto, las constructoras aseguran la continuidad de sus certificados de obra y el Gobierno se garantiza fotos con cascos amarillos para la próxima campaña. Negocio redondo, pero no para los tucumanos. 

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