El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, envió al Congreso un proyecto de ley que introduce modificaciones profundas en el régimen de discapacidad. La iniciativa, titulada "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez", busca reemplazar aspectos clave de la actual normativa y redefine los criterios de acceso a los beneficios.

La propuesta apunta a restringir el alcance del sistema, en medio de cuestionamientos por el incumplimiento de la ley vigente y en un contexto de tensión política y social.

Reempadronamiento obligatorio y controles más estrictos

Uno de los ejes centrales del proyecto es la exigencia de un reempadronamiento obligatorio para todos los beneficiarios de pensiones por invalidez. Quienes no cumplan con este requisito podrían perder automáticamente el beneficio.

Además, se plantea un sistema de control más riguroso, con cruces de datos entre organismos como ANSES y otras bases estatales. Ante cualquier inconsistencia detectada, la pensión podrá ser suspendida de manera preventiva, aunque se garantiza el derecho a defensa.

Eliminación de beneficios y nuevas restricciones

La iniciativa también introduce cambios sensibles en el esquema de asistencia. Se fija el monto de la pensión en el 70% de la jubilación mínima y se eliminan adicionales por zona o invalidez laboral, lo que implicaría una reducción en algunos casos.

Otro punto polémico es la incompatibilidad absoluta con el trabajo formal. De aprobarse, las personas con discapacidad no podrán mantener un empleo registrado sin perder la pensión, lo que genera críticas por el impacto en la inclusión laboral.

Cambios en el financiamiento y prestaciones

El proyecto propone eliminar el nomenclador que fija valores mínimos para las prestaciones, lo que abre la puerta a negociaciones directas entre obras sociales y prestadores.

También se habilita a que Nación, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmen convenios para administrar los fondos, lo que implica una descentralización del sistema. Esto podría generar desigualdades en la calidad de las prestaciones según la región.

Debate político y tensión en el Congreso

La iniciativa ya ingresó al Senado y se anticipa un debate intenso. Incluso sectores que anteriormente acompañaron la emergencia en discapacidad podrían ahora marcar diferencias.

El proyecto no solo redefine el acceso a derechos, sino que también reabre la discusión sobre el rol del Estado en la asistencia social, en un contexto económico complejo y con fuerte impacto en los sectores más vulnerables.

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