Por Fernando Stanich para Tendencia de Noticias. 

Mientras intenta avanzar en las negociaciones  con los empresarios del transporte público de pasajeros, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán reclama por una deuda millonaria a la Nación. En particular, por la demora en los pagos de un porcentaje de los viajes a los beneficiarios de los atributos sociales.

En 2025, Capital se sumó a la lista de ciudades que utilizan el sistema de la tarjeta SUBE en el transporte público. En aquel momento, las autoridades locales destacaron los beneficios que traería para los usuarios. En especial, porque la Nación subsidiaría una parte del valor del boleto a un segmento importante de la población.

Eso es lo que pasó a llamarse "Atributos Sociales", mediante el cual la Nación asume hasta un 55% del costo del viaje, mientras que el usuario solo paga el 45% restante (en el caso de San Miguel de Tucumán, alrededor de $ 562,50 sobre los $ 1.250 del valor del boleto urbano). Entre el grupo de beneficiarios, aparecen los jubilados y pensionados, estudiantes con becas Progresar, trabajadoras del servicio doméstico, veteranos de Malvinas, quienes perciben Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), programa de Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, seguro por Desempleo, Seguro de Capacitación y Empleo, Programa Promover Igualdad de Oportunidades, Programa Volver al Trabajo, Programa Acompañamiento Social, Pensiones No Contributivas y monotributistas Sociales inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social.

En los primeros meses, de vigencia, Nación transfirió mensualmente el 55% correspondiente a los boletos efectivamente usados en San Miguel de Tucumán. Una cifra de aproximadamente $ 400 millones mensuales. El problema se originó a partir de una combinación de factores. El primero fue el acta acuerdo firmada en noviembre del año pasado entre el Municipio y los empresarios nucleados en Aetat.

Allí, en la cláusula segunda, la Intendencia se comprometió a "liquidar el pago de los Atributos Sociales SUBE hasta el cuarto día hábil del mes subsiguiente al mes vencido, tomando como referencia la última información disponible proporcionada por la Secretaría de Transporte de la Nación o la Dirección de Fondos Fiduciarios". Es decir, asumió el riesgo de transferir con fondos propios a los empresarios el saldo correspondiente a los boletos a beneficiarios con atributos sociales, y aguardar a que la Nación transfiriera los fondos.

Casualmente, el mes siguiente se cortó la regularidad en los pagos por parte de la Casa Rosada. Así, desde diciembre la gestión de Rossana Chahla viene afrontando con recursos propios el desembolso de $ 400 millones por mes a las concesionarias de las líneas urbanas. En paralelo, desde el Departamento Ejecutivo se iniciaron gestiones para destrabar el envío de los fondos SUBE ante la Nación. Si se cuentan los meses desde que se discontinuó el pago, se trata de una suma que ya alcanza los $ 2.000 millones (cinco meses, de diciembre a abril).

Claro que San Miguel de Tucumán no es el único distrito agobiado por los incumplimientos de la gestión de Javier Milei. De hecho, las empresas de transporte que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aún reclaman por una deuda millonaria que el Gobierno mantiene con el sector. De acuerdo a datos aportados por fuentes del sector, al 30 de abril, la deuda total con las empresas del AMBA ascendía a $130.000 millones, de los cuales $50.000 millones correspondían al atributo social que la Nación adeuda a la provincia de Buenos Aires.

Esta discusión se da en el contexto de debate sobre el aumento del boleto en San Miguel de Tucumán. Según el estudio de costos aportado por la cámara empresaria, cada viaje debería tener un costo de $ 2.400. Sin embargo, se especula que el Concejo Deliberante capitalino autorizará un incremento con un tope cercano a los $ 1.700. De esa manera, equipararía el valor del boleto a los que se paga en otras capitales del país.

La crisis del sector se agudizó en el segundo trimestre del año debido al aumento en el precio del gasoil a nivel internacional y a una tendencia que no se detiene: la caída de la cantidad de pasajeros transportados.