Empresarios, representantes del agro y dirigentes sindicales participaron este miércoles de una extensa audiencia en el Senado, donde se debate la reforma laboral que impulsa el Gobierno libertario. La exposición dejó en claro la fuerte grieta entre los sectores productivos, que avalaron la iniciativa con reparos puntuales, y las centrales obreras, que advirtieron sobre retrocesos en derechos y eventuales conflictos legales.

El respaldo empresario y del campo a la reforma laboral

El primero en tomar la palabra fue el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, quien sostuvo que el régimen laboral vigente "fracasó para generar empleo formal y reducir la informalidad". En ese sentido, apuntó contra la elevada litigiosidad y aseguró que el sistema actual está "en crisis", con más de 300.000 juicios laborales en curso.

Desde la UIA remarcaron que, pese a una baja del 70% en la siniestralidad en la última década, los conflictos judiciales siguieron creciendo. Compararon además la situación argentina con Chile, donde hay seis juicios cada 10.000 trabajadores, contra 114 en el país. Para la entidad, la reforma permitiría mayor previsibilidad jurídica, modernizar normas, dinamizar la negociación colectiva y reducir costos no salariales para fomentar el empleo.

En la misma línea se expresó la Mesa de Enlace. La vicepresidenta de la Sociedad Rural Argentina, Eloisa Frederking, celebró la inclusión del capítulo agrario para reducir burocracia y acompañar los avances tecnológicos. Su asesor legal, Ignacio Forconi, advirtió que sostener el statu quo es "irresponsable", ya que la mitad de los trabajadores carece de protección real.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Juan Pablo Diab apoyó el espíritu del proyecto, aunque marcó reparos sobre la fórmula indemnizatoria y algunos aspectos de los derechos colectivos. También cuestionó la prohibición de financiamiento a entidades empresarias prevista en el artículo 128.

El rechazo sindical y las advertencias por constitucionalidad

Del lado gremial, las críticas fueron contundentes. El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, cuestionó la extensión del proyecto y denunció que la iniciativa busca "acrecentar la explotación y volver al siglo XIX". Atribuyó a las políticas del Gobierno la pérdida de más de 240.000 puestos de trabajo y advirtió que la reforma profundizará desigualdades regionales y debilitará el mercado interno.

Por su parte, el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, calificó la propuesta como "un himno a la desigualdad" y alertó que sus efectos negativos harán muy difícil una futura reconstrucción del entramado laboral.

La Confederación General del Trabajo (CGT) cerró la jornada con una postura crítica pero moderada. Jorge Sola señaló que el proyecto parte de una "filosofía inconsulta" con los sindicatos y advirtió sobre posibles conflictos con el artículo 14 de la Constitución. Además, cuestionó mecanismos como el Fondo de Asistencia Laboral por entender que deberían promover la contratación y no el despido.

Otros dirigentes cegetistas reclamaron mayor tiempo de debate y apelaron a la "responsabilidad de los senadores" al momento de votar una norma que modifica más de un centenar de artículos. El cierre estuvo a cargo de la presidenta de la comisión de Trabajo, Patricia Bullrich, quien expuso el caso de emprendedores afectados por juicios laborales millonarios como ejemplo del impacto que, según el oficialismo, busca corregir la reforma.