El Ministerio de Educación de Tucumán, encabezado por Susana Montaldo, autorizó una contratación directa a la empresa Detho S.R.L. por $7.490.501,20 para refaccionar su sala de reuniones, según indicó Tendencia de Noticias. El monto adjudicado supera en un 22% el presupuesto original, y la adjudicataria no presentó el certificado de cumplimiento fiscal, algo que generó fuertes cuestionamientos.

Una contratación sin licitación y con sobreprecio

El decreto 1691/5 fue firmado por la ministra Montaldo y el secretario de Estado de Gestión Administrativa, Rodolfo Bunader Valperga. Allí se detalla que la contratación se realizó bajo la modalidad "contratación directa a sobre cerrado", amparándose en el artículo 59, inciso 2, de la Ley de Administración Financiera, que permite esta vía por razones de "necesidad y urgencia".

El presupuesto original era de $6.129.955,27, pero finalmente la obra fue adjudicada a Detho S.R.L. por más de $7,4 millones, un 22% más caro. El decreto señala que la refacción incluye una instalación eléctrica para videoconferencias y pintura de muros para "brindar un ambiente confortable".

Falta de certificado fiscal y ofertas sin explicación

La empresa adjudicada no presentó el Certificado de Cumplimiento Fiscal, documento exigido habitualmente para acreditar el pago de impuestos provinciales. Sin embargo, el decreto se ampara en el DNU 1/3 (MEyP) del 6 de enero, que exceptúa hasta el 31 de diciembre de 2025 la presentación de ese requisito para contrataciones provinciales.

En el proceso participaron tres empresas:

Detho S.R.L. (ganadora),

Constructora Ar S.R.L., que fue desestimada por "no cumplir con las especificaciones técnicas",

Malelu Construcciones S.A.S., cuya exclusión no fue justificada en el acta ni en el decreto, lo que sumó más dudas sobre la transparencia del procedimiento.

Avales legales y críticas en aumento

El dictamen favorable contó con la intervención de la Contaduría General de la Provincia y de la Dirección de Asuntos Jurídicos, aunque desde la oposición y sectores críticos cuestionan la falta de licitación pública, el aumento presupuestario sin explicación detallada, y el beneficio a una empresa sin certificado fiscal.

Además, el Departamento de Compras y Contrataciones justificó que la obra se encuadra en excepciones previstas en la Ley de Obras Públicas N° 5854 y el Decreto N° 1534/3 (SO)-87, al tratarse de una obra de monto reducido.

A pesar de los avales administrativos, la decisión genera polémica por el uso de fondos públicos para una obra de carácter institucional personal, mientras otras escuelas de la provincia enfrentan problemas estructurales graves.