Milei ya firmó el primer decreto que reglamenta la Ley Bases

Avanzó con la reorganización administrativa junto con las modificaciones en la Ley de Empleo Público y el marco que habilita la privatización de las empresas del Estado.

Javier Milei ya firmó el primer decreto que reglamenta la Ley Bases. Se trata del segundo capítulo que contiene las herramientas para que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, realice la reforma del Estado. Saldrá publicado el lunes en el boletín oficial.

La mesa técnica del Ejecutivo avanzó con la reglamentación de la reorganización administrativa del Estado junto con las modificaciones en la Ley de Empleo Público y el marco que habilita la privatización de las empresas públicas.

El artículo 3 le entrega a Milei las facultades para poder modificar o eliminar organismos de la administración central o descentralizada que hayan sido creados por decreto o por ley. Permite además que el presidente derogue sus competencias, funciones y estructuras jurídicas.

Excluye de la intervención a las estructuras del Poder Judicial, a las del Legislativo y a las dependencias del CONICET, ANLIS, ANMAT, INPI, INCAA, ENACOM, ARN, CONAE, CNEA, CONEAU, CNV, INCUCAI, UIF e INTA, entre otros.

Sturzenegger necesita la reglamentación del capítulo II de la Ley Bases para impulsar la eliminación 60 organismos que publicará en uno o dos decretos. Trabaja en conjunto con el vicejefe de gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal.

El Ejecutivo quiere avanzar con la eliminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), entre otros.

El decreto reglamentario que se publica el lunes habilita también la modificación de la estructura jurídica de las empresas públicas y permite su transferencia completa a provincias que quieran financiarlas.

Le atribuye además facultades al Gobierno para transformar, unificar, disolver y liquidar fondos fiduciarios públicos. Habilita la eliminación de asignaciones específicas tributarias y deriva al Tesoro la recaudación.

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