Milei limita el derecho a huelga por decreto y suma más sectores como servicios esenciales

Con el DNU 340/2025, el Gobierno amplió la lista de actividades que deberán garantizar al menos el 75% de funcionamiento durante una medida de fuerza.

El presidente Javier Milei firmó este miércoles el decreto de necesidad y urgencia 340/2025, que limita el derecho a huelga en Argentina al ampliar el listado de actividades consideradas esenciales, las cuales deberán garantizar un funcionamiento mínimo del 75% incluso en medio de conflictos laborales.

Entre los sectores incorporados figuran el cuidado de menores y la educación en todos los niveles, incluidos guarderías, educación especial, primaria y secundaria; además del transporte marítimo, servicios portuarios, aduaneros, migratorios y aeronáutica comercial. También se suman la producción y distribución de combustibles, ampliando el espectro de áreas donde los paros quedarían virtualmente prohibidos.

Críticas de abogados laboralistas y referentes sindicales

La medida generó un fuerte rechazo por parte de abogados laboralistas y dirigentes sindicales. Matías Cremonte, exasesor de ATE, advirtió que "se prohíbe hacer huelgas" y recordó que, según la OIT, solo deberían considerarse esenciales aquellas actividades cuya interrupción "pueda poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población".

Luis Campos, director del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, denunció que el Gobierno busca "reponer los artículos del DNU 70/23" -actualmente frenado por la Justicia- que limitaban el derecho a huelga a casi todos los trabajadores del país.

Desde la izquierda, la diputada Vanina Biasi llamó a un paro general y pidió a las centrales obreras que tomen una postura firme frente al avance del Ejecutivo sobre los derechos laborales.

También eliminan la paritaria nacional docente

En paralelo, el Gobierno oficializó el fin de la participación directa del Estado nacional en la paritaria docente. Según el decreto 341/2025, las negociaciones quedarán en manos del Consejo Federal de Educación y los gremios nacionales, mientras que la Secretaría de Educación solo podrá intervenir si existen objeciones presupuestarias una vez cerrado un acuerdo.

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, sostuvo que la medida se basa en la "descentralización" del sistema educativo, dado que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires son las empleadoras directas. Sin embargo, para los gremios, se trata de un nuevo retroceso en la negociación salarial nacional.

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