Javier Milei firmó la aceptación de la renuncia del juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, acorralado por denuncias graves que lo vinculan con el narcotráfico, la extorsión y el desvío de fondos públicos. El magistrado presentó su dimisión el 11 de junio y, pese a que enfrentaba un inminente juicio político, ahora podrá retirarse con una jubilación de privilegio.

La decisión fue confirmada por fuentes oficiales y ya lleva la firma tanto del Presidente como del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El decreto, llamativamente, no incluye fundamentos ni argumentos -una omisión poco habitual en este tipo de resoluciones.

Con esta movida, el Ejecutivo desactiva el proceso de destitución que avanzaba en el Consejo de la Magistratura y le pone un punto final a la posibilidad de juzgar su desempeño como magistrado. Aun así, Bailaque podría quedar detenido si prospera la causa penal en su contra.

Acusaciones pesadas y vínculos peligrosos

El informe acusatorio, aprobado por unanimidad en la Comisión de Acusación del Consejo, enumera tres hechos principales que comprometen al juez. El primero: su cercanía con el capo narco Esteban Lindor Alvarado. A pesar de los vínculos personales y laborales entre su juzgado y allegados al narco, Bailaque nunca se apartó de las causas que lo involucraban. Incluso habría frenado escuchas clave y demorado procesos sensibles.

La segunda acusación lo señala como parte de una presunta extorsión al empresario Claudio Iglesias, donde se habría exigido una coima de 200.000 dólares para frenar una investigación. En esa trama también figura un amigo suyo, el financista Fernando Whpei, y un exjefe de la AFIP local, hoy arrepentido.

El tercer eje apunta al manejo turbio de fondos de una cooperativa intervenida, donde parte del dinero fue a parar a una mutual controlada por Whpei. Nuevamente, Bailaque no se excusó y habría favorecido a su entorno.

Críticas por impunidad institucional

Organizaciones como ACIJ e INECIP reclamaron que el Presidente no aceptara la renuncia y permitiera que Bailaque fuera juzgado. "La Constitución lo habilita a rechazarla si hay un juicio político en curso. Lo contrario es avalar la impunidad", advirtieron.

También remarcaron que uno de cada tres procesos de enjuiciamiento termina truncado porque los jueces investigados renuncian antes. En Rosario, el historial del magistrado incluye demoras injustificadas en causas clave, beneficios a bandas narco y falta de transparencia en su juzgado desde que asumió en 2008, durante el auge del kirchnerismo.