La Justicia Federal de Tucumán dio un paso decisivo en una causa que sacude al gabinete provincial. El secretario de Energía, Martín Viola, fue citado a declaración indagatoria tras ser imputado por el presunto uso ilegal del Documento Nacional de Identidad (DNI) de un tercero. La medida, dispuesta por el juez federal subrogante Guillermo Díaz Martínez tras el requerimiento del fiscal Agustín Chit, investiga una maniobra de suplantación de identidad digital que habría tenido como fin desprestigiar a funcionarios y figuras públicas a través de suscripciones pagas en medios de comunicación.

La maniobra: una cuenta digital con identidad robada

La investigación sostiene que la irregularidad comenzó en agosto de 2025, cuando Julián Echazú Toneatti denunció que su identidad estaba siendo utilizada sin permiso. Según la fiscalía, se habrían empleado los datos del DNI extraviado de la víctima para registrar una suscripción online desde la cual se emitían comentarios ofensivos. La situación salió a la luz cuando Alejandro Sangenis, subsecretario de Gobierno municipal, contactó al denunciante para consultarle por publicaciones hechas bajo su nombre y documento, las cuales este desconoció rotundamente.

Las pruebas: una tarjeta de crédito y la vecindad

Existen dos elementos clave que complican la situación procesal de Viola. En primer lugar, los peritajes técnicos determinaron que la suscripción digital desde la cual se vertían las injurias fue abonada con una tarjeta de crédito cuyo titular sería el propio funcionario provincial. En segundo término, la investigación reveló que tanto el imputado como el denunciante residían en el mismo edificio, circunstancia que, según el Ministerio Público Fiscal, explicaría cómo Viola pudo haber accedido al documento que la víctima había perdido meses antes.

Encuadre legal y el avance de la causa federal

El fiscal Chit sostiene que la conducta de Viola encuadra en el delito de uso ilegítimo de documento nacional de identidad (Ley 20.974). Para la fiscalía, el uso del DNI en la era moderna no se limita a la exhibición física, sino que su empleo para generar efectos jurídicos -como abrir cuentas digitales- bajo una identidad ajena constituye un delito federal. Mientras la defensa del secretario asegura que su cliente está "a Derecho", la parte querellante ya rechazó cualquier intento de conciliación, exigiendo que la causa llegue hasta las últimas consecuencias penales.