Al cumplirse un mes del crimen de Joaquín Rodrigo Ibarra, de 21 años, sus familiares y allegados realizarán este jueves una marcha en Banda del Río Salí. El recorrido partirá hacia la plaza Urquiza y continuará hasta el Ministerio Público, ubicado en avenida Sarmiento al 500.

El joven fue asesinado el 12 de enero en Alderetes cuando, tras tomar un Uber para visitar a un amigo, fue abordado por dos adolescentes. Según su abogado, Juan Pablo Bello, Joaquín arrojó su celular para evitar ser atacado, pero un agresor le disparó en la cabeza, provocando su fallecimiento.

Investigación y estado de la causa

Los presuntos autores, de 16 y 17 años, fueron detenidos y alojados en el Instituto Roca, acusados de homicidio agravado criminis causa. La fiscalía solicitó prisión preventiva por cuatro meses. Según Bello, se analiza una hipótesis adicional: el crimen podría haberse cometido por frustración del robo, ya que la víctima lanzó su celular antes de ser atacada.

El juez ordenó además investigar a los policías que detuvieron a los adolescentes, ante denuncias de procedimientos ilegales y tortura psicológica durante la detención.

Proceso judicial y penas

De acuerdo con la legislación argentina, los imputados, aunque menores de edad, enfrentarán un proceso penal similar al de adultos, pero con penas diferenciadas hasta alcanzar la mayoría de edad. Bello explicó que el juicio se desarrollará en dos etapas: primero se determina la responsabilidad penal y luego se fija la pena que deberán cumplir al llegar a los 18 años.

Actualmente, la fiscalía tiene seis meses para presentar pruebas adicionales y avanzar hacia el enjuiciamiento.

Repercusiones políticas y medidas en Tucumán

El crimen generó reacciones a nivel provincial y nacional. Fue uno de los casos que impulsó al Gobierno de Javier Milei a acelerar el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, aunque el proyecto fue retirado recientemente.

En Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo anunció la creación del Instituto de Menores Cura Brochero en el penal de Benjamín Paz, donde serán alojados al menos seis adolescentes acusados de delitos graves. La medida recibió cuestionamientos de especialistas y organizaciones de derechos juveniles.