El sistema de atención a personas con discapacidad en Argentina atraviesa horas decisivas. Este jueves 5 de marzo, desde las 10.30, una columna de familias, pacientes y prestadores nucleados en el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad se concentrará frente al Ministerio de Salud de la Nación (9 de Julio y Belgrano). El reclamo es urgente: a pesar de la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, los pagos no llegan y la cadena de servicios está al borde de la ruptura total.

Deudas que paralizan: PAMI e Incluir Salud bajo la lupa

La protesta cuenta con el fuerte respaldo del Sindicato de Choferes Particulares, quienes denunciaron que las demoras en los pagos por parte de PAMI y el programa Incluir Salud (dependiente de la ANDIS) se han vuelto insostenibles.

El impacto: Sin estos fondos, miles de transportistas no pueden cubrir el combustible ni el mantenimiento de las unidades que trasladan a los pacientes a sus terapias.

Pensiones no contributivas: Los más afectados son los titulares de PNC que dependen exclusivamente de la cobertura estatal para garantizar su calidad de vida.

El conflicto por el "mezquino" aumento del 5,8%

La indignación en el sector creció tras la publicación de la Resolución 340/2026 del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones. En ella se oficializó un incremento de apenas el 5,87% en los aranceles de las prestaciones profesionales.

"No se trata de un reclamo sectorial, sino de la defensa de un sistema esencial que sostiene los apoyos de miles de personas", advirtieron desde el Foro.

El porcentaje, calculado sobre la base de la inflación de diciembre y enero, es considerado por los prestadores como un "ajuste encubierto" que no llega a cubrir los costos operativos mínimos de consultorios y centros de día.

Un escenario de resistencia legislativa

La marcha de hoy ocurre en un contexto de fuerte puja política. La Ley de Emergencia en Discapacidad fue reglamentada este año pese a los intentos del gobierno de Javier Milei por vetarla o derogarla. Sin embargo, los activistas denuncian que "la ley existe en el papel, pero el dinero no llega a las manos de quienes trabajan", lo que genera una situación de vulnerabilidad extrema para un colectivo que ya no tiene margen de espera.