Marcha de jubilados en el Congreso genera incidentes por protocolo antipiquetes

La movilización semanal se adelantó y la Policía Federal impidió cortes de calle, generando tensión entre manifestantes y efectivos.

La tradicional marcha de jubilados alrededor del Congreso, que se realiza todos los miércoles, comenzó este 22 de octubre unas horas antes de lo habitual y volvió a registrar incidentes con la Policía Federal. Las imágenes transmitidas por los medios mostraron a efectivos empujando a algunos manifestantes cuando intentaron descender de la vereda hacia la calle, provocando tensión e intercambios de insultos.

Detalles de la protesta y el operativo policial

La movilización inició con la ronda alrededor del Congreso Nacional, incluyendo un semaforazo en la esquina de Entre Ríos e Irigoyen. En un momento, un hombre mayor que quiso manifestarse en la calle fue empujado por un policía y cayó al suelo, generando indignación entre los presentes.

Como es habitual, el operativo de seguridad incluyó vallas, vehículos y un fuerte despliegue de policías que limitaron el recorrido de la marcha a la Plaza Congreso y sus alrededores. El núcleo duro de la protesta se mantuvo en el perímetro establecido, detrás de las rejas móviles.

Contexto salarial y reclamos

Los jubilados reclaman mejoras en sus ingresos en medio de la reciente actualización de haberes, publicada en octubre de 2025 mediante las resoluciones 317/2025 y 318/2025 del Boletín Oficial. El haber mínimo asciende ahora a $326.298,38 y el haber máximo a $2.195.679,22. La Prestación Básica Universal (PBU) se eleva a $149.266,62 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanza $261.039.

Además, se contempla un bono mensual de $70.000, que incrementa el haber mínimo total a $396.298,38 y la PUAM a $331.039. El bono, que se mantiene en valor nominal desde marzo de 2024, no cuenta con actualización automática y su poder adquisitivo se ha visto afectado por la inflación.

La marcha de este miércoles refleja nuevamente el conflicto entre los reclamos de los jubilados y el protocolo antipiquetes aplicado por la Policía Federal, en un contexto de fuertes debates sobre ingresos, ajustes previsionales y la protección de los adultos mayores en Argentina.

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