La Casa Rosada ajustó detalles del operativo de seguridad en el marco de la marcha de jubilados, sindicatos y movimientos sociales. El asesor presidencial Santiago Caputo recibió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al secretario de Inteligencia del Estado, Sergio Neiffert, y al jefe de operaciones de Inteligencia, Diego Kravetz.

"Preparamos un esquema para reaccionar a la violencia, como el miércoles pasado", indicaron fuentes oficiales. Además, participaron el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta, quien supervisa los accesos viales, ferroviarios y aéreos a la Ciudad de Buenos Aires.

Más de 1000 efectivos en las calles

El Gobierno desplegará un operativo con más de 1000 agentes de Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura. También habrá controles en los accesos a la Capital Federal, con la participación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

En Balcarce 50 sostienen que la movilización tiene un tinte político y aseguran que "busca desestabilizar la gestión". Aunque no esperan la presencia de barras bravas, el Ejecutivo insiste en que aplicará medidas contra quienes incurran en actos que afecten la seguridad.

Denuncias y restricciones por incidentes previos

La Casa Rosada ya aplicó derecho de admisión a 26 personas identificadas en los disturbios de la última marcha, incluyendo dos extranjeros y dos menores, según una resolución del Ministerio de Seguridad. Además, el Gobierno denunció penalmente a los militantes y barras detenidos durante los enfrentamientos en el Congreso y solicitó que se declare incompetente a la jueza Karina Andrade, quien ordenó su liberación.