Los abogados Patricio Char y Franco Venditti, en representación de las víctimas de la contaminación con PCB en Los Pocitos, interpusieron una queja formal contra la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, a cargo de Daniel Sosa Piñeiro -ex interventor del IPLA-, por lo que califican como "absoluta inacción" frente a la denuncia presentada los días 12 y 13 de agosto de 2025 contra EDET y Transnoa.

Han pasado más de diez días hábiles desde la presentación de la denuncia sin que se haya asignado número de legajo, informado el estado del proceso o dispuesto ninguna medida de investigación.

Derechos vulnerados y riesgo de impunidad

En la presentación, los abogados sostienen que el Ministerio Público está incumpliendo con el artículo 151 del Código Procesal Penal de Tucumán, que obliga a los fiscales a promover la investigación preliminar cuando toman conocimiento de un delito de acción pública. 

También denuncian

No se informa a las víctimas sobre el estado del proceso.No se han preservado pruebas clave, como transformadores con posible presencia de PCB.Se viola el plazo de diez días para adoptar una decisión inicial: investigar, archivar o aplicar criterios de oportunidad. 

"La falta de investigación inmediata no es neutra: permite que los responsables modifiquen o hagan desaparecer pruebas materiales", advirtieron los letrados, quienes calificaron la situación como "inadmisible y cercana a la complicidad".

Pedido de intervención judicial

En su petitorio, los abogados solicitan que se ordene a la Fiscalía:

Abrir el legajo y promover la investigación preliminar.Informar a las víctimas y otorgarles el rol de querellantes particulares.Preservar de inmediato los lugares donde existen transformadores con posible contaminación por PCB.Rendir cuentas sobre los motivos del retraso, bajo apercibimiento de elevar el incumplimiento a las autoridades superiores.

Una Justicia que sigue sin dar respuestas

Para los vecinos y representantes legales, la inacción fiscal no solo vulnera el derecho a un ambiente sano, sino también derechos básicos de acceso a la justicia y reparación.

 "La sociedad financia con sus impuestos a un Ministerio Público que no da respuestas, no investiga y se niega a atender a las víctimas", remarcaron.

Mientras tanto, la contaminación con PCB -una sustancia prohibida y altamente peligrosa- sigue siendo una bomba ambiental en Los Pocitos que la Justicia tucumana, hasta ahora, parece no querer desactivar.