El Gobierno Nacional presentó un proyecto de reforma de la Ley N.º 26.639, conocida como Ley Nacional de Glaciares, que ya ingresó al Senado y podría ser tratado durante las sesiones extraordinarias de este verano. La iniciativa busca desmantelar el régimen de presupuestos mínimos que protege glaciares y ambientes periglaciares, las reservas estratégicas de agua más importantes de Argentina, lo que representa un grave retroceso en la protección del recurso hídrico en un contexto de crisis climática y estrés hídrico.

Qué cambia la reforma propuesta

El proyecto introduce modificaciones estructurales que podrían afectar seriamente los glaciares:

Protección discrecional: La reforma elimina la protección automática de los glaciares vigente y la reemplaza por un sistema en el que una simple declaración provincial puede habilitar actividades extractivas sobre estos cuerpos de hielo.

Explotación minera en ambientes periglaciares: Se elimina la prohibición expresa de realizar minería en estas zonas, que regulan el agua y contienen glaciares de roca y permafrost. Intervenir allí puede provocar daños irreversibles en los ecosistemas y en el caudal de las cuencas hídricas.

Según Greenpeace y otros organismos ambientales, esta reforma representa un ataque directo al agua de los argentinos, ya que prioriza los intereses de grandes mineras transnacionales sobre la preservación de los recursos estratégicos del país.

Alcance de los glaciares en Argentina

Doce provincias albergan glaciares: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Según el Inventario Nacional de Glaciares 2018, existen 5.769 km² de glaciares andinos, un territorio crítico para la regulación hídrica nacional. Sumando los ambientes periglaciares, la superficie protegida es aún mayor y crucial para sostener los ecosistemas y las reservas de agua frente al cambio climático.

Riesgos de la desprotección

La Ley vigente protege cuencas interprovinciales, ya que el agua nace en una provincia y atraviesa varias antes de llegar a ciudades y campos. Permitir que cada provincia decida discrecionalmente sobre los glaciares implicaría romper la unidad de las cuencas y poner en riesgo el acceso al agua para millones de argentinos.

Además, la reforma viola el principio de no regresión ambiental, reconocido por la Constitución Nacional y el Acuerdo de Escazú, que prohíbe reducir los niveles de protección ya alcanzados.

Por qué defender la Ley

Una vez destruido un glaciar, no hay posibilidad de recomponerlo. La protección de glaciares y ambientes periglaciares es clave para:

Garantizar agua potable y riego para la población y la agricultura.

Mantener el equilibrio de los ecosistemas.

Enfrentar la crisis climática con políticas de conservación efectivas.

Expertos, organizaciones sociales y la ciudadanía llaman a defender la Ley Nacional de Glaciares tal como está, evitando cualquier retroceso que ponga en riesgo el agua, las cuencas y el futuro de toda la nación.

Proteger los glaciares no es solo una cuestión ambiental: es proteger la vida en Argentina.