El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto que introduce ajustes en la Ley N.º 26.639, conocida como Ley de Glaciares. La iniciativa no elimina la norma vigente, pero sí ordena su aplicación y redefine criterios técnicos.

El nuevo enfoque mantiene el objetivo central de preservar estas áreas como reservas estratégicas de agua, pero incorpora una interpretación que reconoce a las provincias como titulares originarias de los recursos naturales.

Más peso para el Inventario y las provincias

Uno de los ejes del proyecto es el fortalecimiento del Inventario Nacional de Glaciares, que pasará a identificar únicamente aquellas geoformas que cumplan funciones hídricas estratégicas. Su consulta será obligatoria, aunque sin limitar las facultades de las autoridades ambientales.

Además, las provincias podrán informar la incorporación o exclusión de glaciares según su función hídrica real. La iniciativa también aclara que la falta de actualización del Inventario no invalida autorizaciones ambientales ya otorgadas, un punto clave para brindar seguridad jurídica.

Prohibiciones y control ambiental

El proyecto mantiene sin cambios de fondo las actividades prohibidas, como la minería, la explotación de hidrocarburos, las obras de infraestructura y la liberación de contaminantes en glaciares y ambientes periglaciales.

La diferencia principal es que ahora será la autoridad ambiental competente la que determine, a través de evaluaciones de impacto ambiental, si una actividad produce una alteración relevante. También se refuerzan las instancias de participación ciudadana y se prevén evaluaciones ambientales estratégicas para proyectos de gran escala.

Respaldo político y debate abierto

La iniciativa cuenta con el apoyo de gobernadores de provincias cordilleranas, que reclamaban una adecuación de la ley por la incertidumbre regulatoria que, aseguran, frenó inversiones sin beneficios ambientales proporcionales.

El debate ahora queda en manos del Congreso, donde la reforma promete reabrir una discusión sensible entre protección ambiental, desarrollo productivo y autonomía provincial.