La Legislatura de Tucumán volvió a sesionar este enero con un objetivo claro: dar sanción definitiva a dos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) enviados por el gobernador Osvaldo Jaldo. Con la presencia de 34 legisladores, el cuerpo ratificó las medidas que apuntan a contener el gasto público y sostener la ejecución de obras en un contexto de caída de la recaudación nacional.

La sesión estuvo marcada por un fuerte consenso político respecto al diagnóstico de la crisis. Tanto las espadas del oficialismo como referentes de la oposición, entre ellos José Cano (UCR), avalaron los instrumentos como herramientas necesarias para la gobernabilidad.

Freno al ingreso de personal estatal

El primer DNU ratificado establece restricciones severas para la designación de personal en el Poder Ejecutivo y entes descentralizados, invitando a municipios y otros poderes a adherirse.

Carlos Galia, presidente de la Comisión de Hacienda, defendió la medida en el recinto: "Estos DNU tienen como origen el problema apremiante que sufre la provincia y la situación económica del país. Hoy necesitamos poner un freno al ingreso del empleado público".

En la misma línea, el legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse remarcó que, ante la caída de la coparticipación y la recesión, la prioridad es "asegurar el pago de sueldos, la salud y la seguridad".

Obra pública: flexibilidad para licitar

El punto más debatido fue el segundo decreto, que exime de la presentación del certificado de cumplimiento fiscal a las empresas que deseen ofertar en licitaciones públicas (aunque deberán regularizar su situación al momento de contratar). La medida, que busca reactivar obras clave como el Barrio Procrear II, tuvo un dictamen de minoría en contra impulsado por el legislador Walter Berarducci, pero finalmente fue aprobada con apoyo opositor.

José Cano argumentó a favor de la medida basándose en la eficiencia del gasto: "Hoy las empresas están endeudadas, igual que las familias. Si no flexibilizamos el requisito para ofertar, nos quedamos con uno o dos oferentes y el Estado termina pagando más caro. Esto permite mayor competencia y mejores precios para la provincia".

Vargas Aignasse reforzó este punto aclarando que "no se está perdonando deuda ni eliminando impuestos, simplemente se flexibiliza un requisito para que una empresa con dificultades financieras no quede fuera de una licitación".

Alerta por la caída de la Coparticipación

El trasfondo de la sesión fue la preocupación compartida por las cuentas públicas. El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, destacó el funcionamiento institucional de la cámara en pleno enero y advirtió sobre el impacto de la economía nacional en Tucumán.

"Ha caído mucho el consumo y eso implica que disminuye la recaudación nacional y la coparticipación. Por eso el gobernador fue a Buenos Aires para gestionar fondos que se nos adeudan", explicó Acevedo tras la sesión.

Galia agregó una mirada sobre el impacto social en el interior: "Los municipios son la caja de resonancia de todo lo que pasa. La gente va a golpear la puerta no solo por un salario, sino por comida, techo y remedios".

La respuesta ante las inundaciones

Aunque el temario era cerrado, la situación climática se filtró en el debate. Ante las críticas por las recientes tormentas, tanto el oficialismo como la oposición buscaron llevar calma.

José Cano minimizó las críticas políticas sobre la infraestructura pluvial: "Lo que llueve en un mes cayó en 48 horas. No hay evacuados, hay anegados, y el Estado está respondiendo". Por su parte, Vargas Aignasse aseguró que "no hay sistema pluvial que aguante semejante caudal en tan poco tiempo" y destacó que, a diferencia de años anteriores, no hubo necesidad de evacuar familias de sus hogares.