El barrio Divino Niño, en Las Talitas, se convirtió en el epicentro de un gravísimo episodio de violencia que recorrió los medios provinciales. Un conductor de la plataforma Uber, en un presunto acto de legítima defensa, repelió un asalto utilizando un elemento contundente, dejando al supuesto agresor con lesiones de extrema gravedad.

Sin embargo, una vez que las cámaras de televisión se apagan y se deja de hablar del tema, lo que queda es el escenario que propicia la inseguridad: una zona que los propios residentes califican como "abandonada por el Estado".

A través de registros fílmicos viralizados en las últimas horas, los habitantes del sector exhibieron el contraste entre los anuncios oficiales y la precariedad del territorio. Según el testimonio de los vecinos, el barrio debería contar con cordón cuneta y adoquinado, obras que -según afirman- figurarían como aprobadas en los planes municipales pero que brillan por su ausencia. En su lugar, lo que se observa es un ingreso dominado por matorrales y focos precarios instalados de manera particular.

El cuestionamiento a la gestión pública

La indignación vecinal ha personalizado el reclamo en figuras de la administración local. Señalan una contradicción entre la realidad de quienes caminan desde la ruta 305 en absoluta oscuridad y la situación de los funcionarios que, según denuncian en redes sociales, no padecerían estas carencias al contar con movilidad asignada o privada. El foco de las críticas apunta a la falta de mantenimiento en una zona donde la maleza ha ganado las veredas, obligando a los peatones a transitar por la calzada.

"Dejen de disponer de lo que es de la gente", es el clamor que asegura el posteo y  que denuncian una evidente distorsión de las prioridades oficiales. La molestia es profunda: los vecinos sostienen que ni siquiera ante un hecho de sangre con repercusión pública, las autoridades fueron capaces de garantizar una iluminación mínima eficiente para la zona.

Un sector en estado de alerta

El análisis de la realidad tucumana permite afirmar que la seguridad no es solo una cuestión de patrullaje, sino de infraestructura básica. 

El caso del Uber ha destapado una olla de presión social en el barrio Divino Niño. Mientras la Justicia determina el encuadre legal del accionar del chofer y se sigue de cerca la evolución de salud del joven identificado como Joan Juárez, la comunidad exige respuestas concretas sobre el destino de los fondos para obras públicas. El pedido es claro: menos promesas de escritorio y más luminarias en las calles.