La Universidad Nacional de Tucumán solicitó ante el Juzgado Federal N°2 ser aceptada como querellante en la causa que investiga a Carlos Antonio Torres y a integrantes de su familia por usurpación y presunto daño ambiental en un predio conocido como Las Tipas, dentro del parque Sierra de San Javier, en Tapia.

Se trata de 470 hectáreas ubicadas sobre la ruta 341, a la altura del kilómetro 14/15, dentro de las tierras que la UNT adquirió tras la expropiación de 1.800 hectáreas en 1948 en el cerro San Javier y Horco Molle. El conflicto judicial se remonta a 2003, cuando el guardaparques Esteban Terán detectó dos viviendas construidas en el lugar.

La disputa por la propiedad y la cautelar de la Justicia

En 2017 se inició el proceso judicial. Torres argumentó que el terreno le pertenece por prescripción adquisitiva y aseguró que su familia lo ocupa "desde tiempos inmemoriales", incluso antes de la creación de la UNT en 1914. Para entonces, la Universidad ya había detectado siete viviendas dentro del predio.

En 2024, Torres ofreció devolver 440 hectáreas y quedarse con 30. Negó haber causado daño ambiental y afirmó que fue él quien protegió esas tierras.

Sin embargo, en marzo de 2025 la Justicia hizo lugar a una cautelar solicitada por la UNT y ordenó suspender toda construcción, tala, desmonte y cualquier actividad humana en el sector en disputa.

La picada, las mangueras y la extracción de agua

Uno de los episodios más graves ocurrió en 2019, cuando guardaparques descubrieron una picada de casi tres kilómetros para instalar mangueras que extraían agua de un ojo de agua dentro del parque universitario para abastecer a un emprendimiento inmobiliario lindero.

Con orden judicial, la UNT retiró las mangueras y secuestró los elementos. Según informó el abogado de la Universidad, Máximo Castro, la empresa Di Bacco habría acordado con Torres la extracción de 400 m³ de agua por día a cambio de lotes en el barrio en construcción.

Además, se señaló que Torres habría vendido 16 hectáreas a Marcelo Segundo Villarreal (fallecido).

Castro sostuvo que en una presentación judicial el propio Torres reconoció que el predio de 470 hectáreas "fue desmontado casi en su integridad", lo que calificó como "ecocidio".

Quiénes están acusados

Además de Carlos Antonio Torres, están acusados Carla Gabriel, Marcelo Alejandro, Melissa Maribel, Manuel Ignacio, Susana Azucena y Juan Manuel Torres, además de cualquier otra persona que pudiera resultar responsable durante la investigación.

Si la Justicia concede el rol de querellante, la UNT no solo será denunciante, sino que podrá aportar pruebas y participar activamente en el avance de la causa.