La UBA reclama el cumplimiento de la ley que el Gobierno suspendió

La Universidad de Buenos Aires (UBA) confirmó que acudirá a la Justicia para exigir al Poder Ejecutivo Nacional la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, promulgada pero suspendida por el Gobierno hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento.

El Consejo Superior de la UBA aprobó por unanimidad una resolución que instruye iniciar acciones judiciales con el fin de "garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y la plena vigencia de los derechos constitucionales que protegen la educación pública y la institucionalidad democrática".

Según el texto aprobado, el decreto del Ejecutivo "promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley", lo que -según la UBA- "altera el sistema republicano de frenos y contrapesos y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación".

"La no ejecución de la ley profundiza la crisis universitaria"

La casa de altos estudios advirtió que el sistema universitario atraviesa una crisis presupuestaria sin precedentes. Recordó que la prórroga del Presupuesto 2023 quedó desfasada frente a la inflación, y que los salarios docentes y no docentes perdieron más del 40% de su poder adquisitivo durante 2024.

"La recomposición salarial de 2025 ha sido mucho menor que la inflación oficial medida por el INDEC, profundizando aún más dicha pérdida", sostuvo el Consejo en su resolución.

Además, la UBA remarcó que la ley fue aprobada e insistida por ambas cámaras del Congreso, y tiene como objetivo proteger el financiamiento de las universidades nacionales y garantizar la recomposición salarial de los trabajadores del sector.

Un llamado urgente a defender la educación pública

El documento concluye señalando que la suspensión de la norma representa "un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina".

La resolución de la UBA también recuerda que la ley incluye la creación de fondos para infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas, los cuales permanecen sin ejecución por decisión del Poder Ejecutivo.