Un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) encendió las alarmas sobre la gestión de Corredores Viales S.A., la empresa estatal que administra cerca de 6.000 kilómetros de rutas nacionales. Según el documento, durante 2022 la compañía registró pérdidas por más de $30.000 millones en un contexto de debilidades en los controles internos, fallas administrativas y una estructura sobredimensionada.

A partir de estas conclusiones, el Gobierno dispuso la intervención de la sociedad, presentó una denuncia penal en la Justicia federal y puso en marcha el proceso de privatización total de la empresa.

Déficit millonario pese al aumento del tránsito

Corredores Viales fue creada en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, para administrar corredores estratégicos bajo el sistema de peajes. Sin embargo, los informes oficiales señalan que con el paso de los años se transformó en un organismo caro, opaco y deficitario.

Los números de 2022 fueron el dato más contundente:

Pérdida neta: $30.047.931.000

Déficit 2021: $12.852 millones

Aumento del tránsito: +17,2% interanual (196 millones de vehículos)

Caída de ingresos por peajes: -7% por atraso tarifario

Transferencias del Tesoro: $14.619 millones para sostener la operatoria

El margen bruto sobre ventas fue negativo en un 49%, lo que evidenció que los costos operativos superaron ampliamente a los ingresos.

Las irregularidades que detectó la SIGEN

La SIGEN realizó al menos siete auditorías donde detectó fallas en el sistema de control interno en áreas sensibles:

Compras y contrataciones

Recaudación y pagos de tesorería

Recursos humanos

Tecnología de la información

Inventario de activos fijos

Manejo de viáticos

Además, se detectaron erogaciones por más de $128 millones vinculadas a la anterior concesionaria AEC S.A., actualmente bajo revisión judicial.

Uno de estos informes derivó en la intervención del Juzgado Federal N°12, a cargo de Ariel Lijo, que investiga presuntas maniobras irregulares.

Intervención y camino a la privatización

Frente al cúmulo de observaciones, en abril de 2025 el presidente Javier Milei dispuso la intervención de Corredores Viales, designando a Anastasia María Adem al frente del proceso de auditoría integral.

Previamente, el Decreto 97/2025 ya había autorizado la privatización total de la empresa, en el marco de lo establecido por la Ley Bases, que la declaró sujeta a privatización.

El plan oficial contempla:

Extinción de contratos vigentes

Concesión de más de 6.000 km de rutas a privados mediante licitaciones en CONTRAT.AR

Disolución final de la empresa estatal

El objetivo, según el Gobierno, es reducir el gasto público, atraer inversión privada y mejorar el estado de la red vial.