El Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, que introduce modificaciones a la Ley de Inteligencia, ya genera un amplio rechazo en la oposición y abre un escenario de fuerte tensión política en el Congreso. La norma deberá ingresar formalmente al Parlamento la próxima semana, una vez cumplidos los diez días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial.

El decreto será enviado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que contará con otros diez días hábiles para emitir dictamen. Si no lo hace en ese plazo, ambas cámaras quedarán habilitadas para tratarlo directamente en el recinto.

Una comisión incompleta y presiones para avanzar

La Comisión Bicameral está integrada por 16 miembros, pero hasta el momento solo nueve fueron designados. La preside el diputado Oscar Zago, junto a los senadores Juan Carlos Pagotto, Francisco Paoltroni y Luis Juez por el oficialismo; María Teresa González (Unión por la Patria) y Carlos Espínola (Provincias Unidas); y los diputados Lisandro Almirón (La Libertad Avanza), Ramiro Gutiérrez (UxP) y Nicolás Massot (Encuentro Federal).

Ante esta situación, varios bloques opositores solicitaron formalmente a Martín Menem y Victoria Villarruel, presidentes de Diputados y del Senado, respectivamente, que completen la conformación de la comisión para acelerar su funcionamiento.

Qué puede pasar si el DNU llega al recinto

Una vez emitido el dictamen -o vencido el plazo sin resolución- el DNU podrá ser debatido en las cámaras. Para derogar el decreto, ambas deben rechazarlo con mayoría simple. En cambio, para ratificarlo alcanza con la aprobación de una sola cámara.

Si el Congreso no lo rechaza expresamente, el DNU continuará vigente. En ese escenario, La Libertad Avanza apuesta a bloquear mayorías: cuenta con 95 diputados y 21 senadores, mientras que la oposición deberá reunir quórum para habilitar el debate, con 129 diputados y 37 senadores.

Presentaciones judiciales y rechazo político

Los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade (Coalición Cívica), junto al socialista Esteban Paulón, presentaron un amparo contra el DNU y solicitaron que se declare su "inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable". Argumentaron que el decreto vulnera el derecho de los legisladores a debatir y decidir sobre normas de carácter legislativo.

En paralelo, el bloque Justicialista del Senado, encabezado por José Mayans, emitió un comunicado en el que rechaza la medida por considerar que no existe necesidad ni urgencia que justifique su dictado. También cuestionaron que el Presidente haya evitado enviar un proyecto de ley al Congreso y lo calificaron como un avance sobre las libertades democráticas.

El diputado Carlos Gutiérrez (Provincias Unidas) reclamó que la reforma se discuta en sesiones extraordinarias y cuestionó el aumento presupuestario otorgado a la SIDE en diciembre, en contraste con la falta de fondos para áreas sensibles como universidades y hospitales.

La defensa del Gobierno y las críticas constitucionales

Desde el Gobierno justificaron el DNU al sostener que los cambios están "alineados con los más altos estándares democráticos" y que la reforma del sistema de Inteligencia busca fortalecer controles, reducir estructuras y enfrentar amenazas contemporáneas.

Sin embargo, destacados constitucionalistas expresaron fuertes objeciones. Ricardo Gil Lavedra advirtió que el decreto implica una "peligrosa regresión institucional" al habilitar detenciones y tareas policiales en el marco de actividades de inteligencia sin aval del Congreso.

En la misma línea, Antonio María Hernández recordó que la Constitución prohíbe al Poder Ejecutivo dictar disposiciones legislativas bajo pena de nulidad absoluta y remarcó que cualquier modificación de este tipo debe pasar obligatoriamente por el Congreso.