La Ley de Glaciares en la encrucijada: entre reformas laborales y presiones provinciales

El Gobierno postergó el tratamiento de la nueva ley de glaciares en medio de la tensión por la reforma laboral, generando desconfianza entre los gobernadores provinciales que buscan mayor autonomía en la explotación de recursos naturales.

La falta de acción sobre la ley de glaciares se produce en medio de un clima de incertidumbre en el Congreso, donde las reformas laborales se han convertido en el foco de atención tanto del Gobierno como de la oposición. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, anunció una convocatoria para debatir exclusivamente sobre la modernización del sistema laboral, dejando de lado la iniciativa que busca modificar la protección de los glaciares.

Fuentes cercanas a algunos gobernadores cuyanos sugieren que la verdadera razón detrás de esta postergación es una falta de consenso interno en el oficialismo. "La patearon para más adelante porque no tienen los votos para aprobarla", indicó un gobernante provincial descontento, reflejando la creciente frustración en las provincias ricas en recursos naturales.

Los intereses provinciales

La ley de glaciares es considerada fundamental por muchos gobernadores, especialmente aquellos de Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan. Estos distritos, que componen las denominadas "Mesas de Litio" y "Mesa de Cobre", temen que la demora le reste inmediatez a los beneficios económicos que la minería podría aportar a sus regiones. La iniciativa propone transferir a las provincias la facultad de regular la explotación de recursos naturales en sus territorios, lo que representaría una autonomía que actualmente no tienen bajo la ley vigente, aprobada en 2010.

El artículo 6 de dicha norma, que prohíbe actividades mineras en áreas protegidas, es el eje central de la discusión. Si se aprueba la modificación, las actividades mineras podrían llevarse a cabo en áreas que, hasta ahora, estaban vedadas, siempre que se cumplan ciertos criterios relacionados con la conservación del agua dulce y el medio ambiente.

Reacciones del Gobierno

Desde el Gobierno, se asegura que el debate sobre la ley se llevará a cabo en febrero, aunque el calendario legislativo se encuentra aún indefinido. La estrategia del oficialismo se centra en garantizar su respaldo tanto en el Senado como en Diputados, mientras continúan las negociaciones con diferentes sectores y actores políticos.

El ministro del Interior, Diego Santilli, ha dedicado esfuerzos considerables a calmar las inquietudes de los gobernadores, prometiéndoles compensaciones económicas por una posible caída en la recaudación a raíz de las reformas impositivas. Sin embargo, su esfuerzo por desactivar reuniones que podrían adoptar una postura unificada entre provincias ha suscitado mayor desconfianza.

La perspectiva internacional

A nivel internacional, la situación no pasa desapercibida. Según el canciller Pablo Quirno, Argentina se posiciona como un socio clave para el desarrollo de la minería a nivel global, recibiendo inversiones significativas de empresas internacionales. Esto ha llevado a funcionarios estadounidenses a calificar a Argentina como un "líder global" en el sector, poniendo aún más presión sobre el Gobierno argentino para que actúe rápidamente y solidifique su imagen en el ámbito internacional.

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