Según el magistrado, las expresiones señaladas como ofensivas forman parte del debate político y están protegidas por la libertad de prensa.

La decisión se conoció este miércoles y marca un freno a las iniciativas judiciales del Ejecutivo contra comunicadores. En ambos casos, Rafecas fue claro: no se configuró delito alguno ni hubo intención de injuriar o calumniar al mandatario.

El caso Pagni: críticas y paralelismos históricos

La denuncia contra Carlos Pagni se originó por comentarios que hizo el pasado 28 de abril en su programa Odisea Argentina (LN+), donde trazó un análisis histórico sobre los liderazgos políticos y mencionó el ascenso del nazismo. Milei interpretó que esas declaraciones sugerían un paralelismo con su propia llegada al poder, lo que consideró un agravio a su honor.

Sin embargo, el juez sostuvo que "no se formuló ninguna imputación concreta ni se deshonró intencionalmente al denunciante". Además, aclaró que el análisis del periodista no excedió los límites del debate público.

Libertad de expresión y medios en democracia

Rafecas también desestimó la denuncia contra Ari Lijalad, argumentando que sus publicaciones se enmarcan en la crítica política legítima. La resolución destaca la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática y reafirma el rol de los medios en la discusión pública.

Con esta decisión, el juez federal cerró ambas causas y dejó en claro que el disenso y la crítica, por más incómodos que resulten al poder, no son delito.