La tensión entre el Gobierno de Javier Milei y la Justicia sumó un nuevo capítulo. Un juez federal ordenó activar la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que había sido vetada por el Presidente bajo el argumento del "equilibrio fiscal", pero que finalmente fue ratificada por el Congreso.

La intimación judicial al Poder Ejecutivo

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, intimó al Poder Ejecutivo Nacional a poner fin a la parálisis en la aplicación de la ley. En su resolución, estableció un plazo de dos semanas para que la normativa entre en vigencia efectiva a partir del próximo 4 de febrero.

Además, el magistrado emplazó al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad para que, en un plazo de cinco días, presenten un informe detallado sobre el estado de los trámites administrativos necesarios para cumplir con lo dispuesto por el Congreso.

Una causa con alcance nacional

El fallo se originó en una acción colectiva impulsada por dos padres de niños con discapacidad, que con el correr de los meses adquirió alcance nacional. Un dato clave de la decisión judicial es que González Charvay avanzó con la orden de cumplimiento sin esperar la resolución de la Cámara Federal de San Martín, donde el Estado apeló la medida.

De este modo, la Justicia decidió priorizar la aplicación inmediata de la ley frente a las dilaciones administrativas y legales del Gobierno.

El trasfondo del conflicto con Milei

La Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada por el Congreso en julio de 2025. Poco después, Javier Milei la vetó de manera total al considerar que comprometía el equilibrio fiscal, uno de los ejes centrales de su programa económico.

Sin embargo, el Congreso rechazó el veto presidencial y forzó la promulgación de la norma. Luego, el oficialismo intentó frenar su implementación al incluir un artículo que suspendía su aplicación, argumentando que no estaban definidas las fuentes de financiamiento para los nuevos gastos previstos.

La resolución judicial vuelve a poner en jaque esa estrategia y obliga al Ejecutivo a avanzar con la aplicación de una ley que ya fue ratificada por el Poder Legislativo.