La causa, identificada como CFP 5519/2025, se inició a partir de una denuncia realizada por el periodista mendocino Christian Eduardo Sanz, que sostiene que los funcionarios del organismo de control se habrían amparado en un acuerdo interno dictado en 1997 para eludir una obligación tributaria establecida de manera expresa por la legislación nacional.

La denuncia refiere a la presunta comisión de un delito sostenido en el tiempo, durante más de dos décadas, mientras las autoridades del TC cumpliendo sus funciones ejercían su rol de contralor sobre otros organismos del Estado.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 5, con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, resolvió declinar su competencia territorial y remitir el expediente a la Justicia Federal de Tucumán, al concluir que los hechos investigados -percepción de haberes, domicilios fiscales y eventual perjuicio al erario- se habrían producido íntegramente en la provincia.

La decisión no archiva ni relativiza la denuncia. Por el contrario, ratifica la existencia de una investigación penal en curso y determina que sea un juzgado federal tucumano el que profundice el análisis de las conductas atribuidas a las autoridades del organismo.

El expediente judicial coloca al Tribunal de Cuentas en un lugar inédito: el de los investigados. Ya no como órgano que observa, objeta o formula cargos, sino como institución cuyas máximas autoridades deben dar explicaciones ante la Justicia. El trasfondo excede lo tributario, está en juego la legitimidad del sistema de control.

Cabe recordar que la causa se originó a partir de una denuncia periodística que identificó con nombre y apellido a las máximas autoridades del Tribunal de Cuentas de Tucumán: su presidente Miguel Chaiben Terraf, el vocal abogado Sergio Miguel Díaz Ricci y el vocal contador Marcelo Vidal. Según esa presentación, los funcionarios se habrían amparado durante años en el Acuerdo interno N.o 1171/97 para no tributar el Impuesto a las Ganancias sobre sus remuneraciones, pese a que la legislación nacional no contempla excepciones para esos cargos.

En función de esos hechos, la Justicia Federal investiga la posible comisión de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y evasión fiscal, en una causa que ya fue remitida al fuero federal de Tucumán para su continuidad.