La Inspección General de Justicia (IGJ) volvió a poner bajo la lupa a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y evalúa abrir un sumario administrativo por presuntas irregularidades en sus balances y movimientos contables. La decisión llega en medio de una serie de pedidos previos que el organismo considera incumplidos por la gestión de Claudio Chiqui Tapia.

Desde la Casa Rosada anticipan que en los próximos días se enviará una reiteración formal de los requerimientos ya existentes: "Este pedido podría enmarcarse en una actuación sumarial independiente. Lo estamos evaluando", señalan desde el Ejecutivo, donde admiten que la medida busca determinar si la AFA violó obligaciones estatutarias o contables frente al Estado.

Mientras tanto, Nación descarta avanzar con acciones judiciales para forzar la entrega de información, aunque advierte que la preocupación creció porque "cada día aparecen nuevos temas en los medios sobre el financiamiento de la AFA y de los clubes".

Los puntos críticos: USD 111 millones sin desagregar y ocho balances pendientes

La IGJ reclama desde 2017 la apertura de rubros contables por un total de USD 111 millones declarados en partidas globales sin la discriminación correspondiente. Dentro de esos montos figuran:

Gastos de administración.

Erogaciones vinculadas a las selecciones nacionales.

Pagos al Colegio de Árbitros.

Aportes a FIFA y Conmebol.

A esto se suman ocho ejercicios contables sin aprobación, un retraso considerado grave para una entidad bajo fiscalización estatal.

El organismo también apunta a las actuaciones de la AFA en la provincia de Buenos Aires, donde la institución habría realizado trámites y asambleas, evitando el control de su sede histórica en la Ciudad de Buenos Aires, pese a que -según la IGJ- la mudanza no está formalmente validada.

El titular del organismo, Daniel Vítolo, negó que el Gobierno evalúe una intervención y aclaró que la AFA no completó los trámites para cambiar de jurisdicción: no presentó el estatuto reformado ni regularizó la inscripción de la última comisión directiva, cuya asamblea continúa judicializada.

Qué puede pasar si la AFA no entrega la información

Si la AFA no responde al nuevo pedido formal, la IGJ puede aplicar sanciones contempladas en la Ley 22.315, entre ellas:

Multas económicas.

No aprobación de estados contables.

Intimaciones bajo apercibimiento.

Inspecciones directas.

Observaciones registrales.

Bloqueo de trámites societarios.

Las medidas quedarían habilitadas hasta que la entidad que conduce Tapia regularice su situación documental y contable.