Desde 2016 hasta la fuga: un proceso marcado por irregularidades

El caso de Marcelo Rivas, condenado por abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, expone las fallas del sistema judicial tucumano. La causa comenzó en 2016 con una carátula que la defensa y especialistas consideraron insuficiente para describir la gravedad del hecho. La fiscal a cargo, Mariana Rivadeneira, en 2019 solicitó el sobreseimiento del imputado, decisión que desencadenó una lucha de la víctima y su familia por garantizar justicia.

Luciana Gramaglio, abogada de la familia, señaló en El Avispero que el pedido de sobreseimiento "carecía de perspectiva de género" y que la fiscal realizó un análisis sesgado del caso, tratando de clasificarlo como abuso sexual simple, pese a las lesiones y el intento de violación que sufrió la denunciante. La defensa y organizaciones feministas apelaron la decisión, logrando que la causa volviera a juicio y culminara con la condena de Rivas en diciembre de 2022. Sin embargo, la prisión preventiva fue negada y, tras maniobras dilatorias, el condenado logró fugarse a Brasil.

La captura en Brasil y la lucha de la familia

El hallazgo y detención de Rivas en Río de Janeiro en octubre de 2025 se logró gracias a la gestión directa de la hermana de la víctima, quien contactó a la policía brasileña. Según Gramaglio, "no hubo trabajadores judiciales o policiales de Tucumán trabajando activamente para capturarlo; la familia hizo todo el trabajo". La rápida acción en Brasil, que resolvió el caso en días, contrasta con años de inacción en la provincia, reflejando un sistema que, según la abogada, falla en garantizar derechos básicos de las víctimas de violencia sexual.

Críticas al accionar de la fiscal Mariana Rivadeneira

Gramaglio cuestionó el enfoque de Rivadeneira no solo en este caso, sino en otros expedientes de violencia de género.

"El mensaje institucional que se envía es que a las víctimas no se les cree y que si denuncian, pueden ser perseguidas", afirmó.

 La abogada explicó que la fiscal intentó sobreseer al imputado argumentando que el delito ya había prescripto, lo que provocó un letargo procesal que facilitó la fuga del condenado.

Además, destacó que estas fallas se enmarcan en un retroceso más amplio en la provincia y el país respecto de los derechos de las mujeres. "Se reproduce un patrón de estereotipos y prejuicios que obstaculiza el acceso a la justicia de quienes denuncian violencia sexual", explicó Gramaglio. La investigación de INECIP y otras organizaciones muestra que menos del 25% de las denuncias por violencia sexual llegan a una sentencia, dejando a las víctimas en gran desprotección.

Impacto y desafíos pendientes

La captura de Rivas no solo representa un alivio para la víctima y su familia, sino que también reabre el debate sobre la responsabilidad institucional y la necesidad de mecanismos judiciales más eficientes y con perspectiva de género. La extradición de Rivas y su cumplimiento efectivo de la condena serán los próximos pasos críticos, mientras la sociedad y organizaciones feministas reclaman mayor transparencia y compromiso del Ministerio Público Fiscal tucumano.

Gramaglio concluye: "Las mujeres tucumanas estamos abandonadas por la justicia provincial; hoy más que nunca es necesario que las organizaciones feministas y los medios de comunicación sigan dando voz a las víctimas para que no se retroceda en derechos adquiridos".

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