La Comisión Investigadora del caso $Libra, que funcionó en la Cámara de Diputados, presentó su informe final luego de tres meses de investigación. El documento concluye que el presidente Javier Milei prestó una "colaboración imprescindible" en una presunta estafa con criptoactivos, y recomienda que el Congreso evalúe si corresponde un juicio político por mal desempeño en sus funciones.

El informe, de más de 200 páginas, reconstruye reuniones, movimientos financieros, decisiones políticas y omisiones administrativas. Los investigadores determinaron que la operación de $LIBRA no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón iniciado meses antes con la moneda digital del proyecto KIP Protocol, también vinculada al presidente.

Movimientos financieros y responsabilidad presidencial

El análisis técnico, incluido el estudio de la blockchain, detectó flujos de fondos entre los operadores Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Hayden Davis y Sergio Morales, considerados compatibles con un "presunto acuerdo de cooperación destinado a monetizar la imagen del Presidente Milei".

Según el informe, en diciembre de 2024 se replicó una operación tipo "rug pull", que consiste en promocionar un activo hasta inflar su precio para luego retirar la liquidez, provocando colapsos en la cotización. Los diputados sostienen que Milei promovió $LIBRA desde su cuenta oficial, fijando un tuit que aumentó el volumen de compras, sin explicar cómo obtuvo el número de contrato ni activar controles previos.

Impacto en los inversores

La operatoria de $LIBRA generó pérdidas en 114.410 billeteras, con 498 cuentas perdiendo más de USD 100.000 y 3.144 entre USD 10.000 y 100.000. Sin embargo, 36 billeteras obtuvieron ganancias superiores a USD 1 millón.

Irregularidades en Casa Rosada y Olivos

La investigación reveló que los principales involucrados ingresaron 16 veces a Casa Rosada y Olivos entre octubre de 2024 y febrero de 2025, con solo cuatro registros oficiales. Según la Comisión, se utilizaron recursos del Estado para "facilitar un hecho que se investiga como presunta estafa internacional".

Además, la oposición cuestiona la actuación de la Oficina Anticorrupción y de la Unidad de Tareas, acusándolas de secretismo y falta de transparencia, y anunció denuncias penales contra varios funcionarios, incluido el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y el presidente de la CNV, Roberto Silva.

Perspectivas de juicio político

Aunque la oposición buscará avanzar con un juicio político, su aprobación en la Cámara de Diputados se ve difícil. Tras las elecciones, la Libertad Avanza y sus aliados cuentan con mayoría en la Comisión de Juicio Político y pueden bloquear el proceso con un tercio del recinto.