La postergación del debate de la reforma laboral en el Senado fue leída como una victoria por la CGT, que ahora redobla la presión para introducir cambios en el proyecto del Gobierno. Aunque la movilización en Plaza de Mayo no fue tan masiva como se esperaba, los dirigentes sindicales celebraron el freno parlamentario y se preparan para una etapa de negociaciones intensas.

El oficialismo debía tratar la iniciativa a fines de diciembre, pero finalmente el tema quedó para febrero, un giro que el sindicalismo atribuye a gestiones con gobernadores y legisladores.

Una movilización con señales políticas

La protesta frente a la Casa Rosada transcurrió sin incidentes, un punto clave para la conducción cegetista, que temía desbordes o hechos de violencia. En la CGT hablaron de una convocatoria cercana a las 180 mil personas, mientras que desde el Gobierno minimizaron la cifra.

Más allá de los números, el acto mostró una postal dispar: fuerte presencia de sindicatos como Camioneros, Comercio, UOCRA y UPCN, pero con espacios vacíos en la Plaza. Llamó la atención, además, la decisión de no darles lugar en el escenario a dirigentes de las CTA ni a referentes políticos.

La amenaza de paro y el recuerdo de 2017

Los tres cotitulares de la CGT endurecieron el discurso y advirtieron que habrá paro general si la reforma laboral avanza sin modificaciones. No hubo fecha concreta, pero el mensaje apuntó a contener a los sectores más duros y evitar críticas por una postura "blanda".

En la central obrera todavía pesa el antecedente de marzo de 2017, cuando una protesta contra el gobierno de Mauricio Macri terminó con incidentes y un fuerte cuestionamiento interno. Esta vez, incluso, el atril fue retirado rápidamente del escenario para evitar situaciones similares.

Qué artículos quiere cambiar la CGT

Con el debate postergado, el foco ahora está puesto en la negociación política. La CGT confía en su vínculo con gobernadores y con sectores del oficialismo para avanzar en cambios al texto.

Entre los puntos más resistidos figuran la eliminación de la obligación del empleador de retener la cuota sindical y la ampliación de la reglamentación del derecho de huelga, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger y ya cuestionada por la Justicia en otras normas.

En la central sindical creen que varios de esos artículos fueron incluidos como parte de una estrategia negociadora y que podrían ser retirados o atenuados, como ocurrió con el capítulo laboral de la Ley Bases.

Un alivio temporal hasta febrero

La inesperada postergación del tratamiento legislativo le dio aire a una CGT que se sentía acorralada. Aunque la amenaza de paro sigue latente, por ahora el sindicalismo apuesta a un enero de reuniones reservadas para "pasteurizar" la reforma y limitar su impacto.

El escenario sigue abierto. Javier Milei no tiene asegurados los votos para sancionar la ley y la CGT, con el reloj a su favor, busca convertir este freno en una oportunidad para torcer el rumbo del proyecto.