La CGT convocó el cuarto paro general contra el gobierno del presidente Javier Milei, en rechazo a la reforma laboral que ya cuenta con media sanción del Senado y que esta semana será debatida en la Cámara de Diputados.

La huelga se realizará el mismo día en que el proyecto se trate en el recinto y podría concretarse este jueves o el miércoles 25. Según se informó, la medida será sin movilización.

Presión interna y giro hacia una postura más dura

La decisión se tomó en un contexto de fuertes tensiones internas dentro de la central obrera, entre los sectores dialoguistas y los más duros. En las últimas horas creció la presión del Frente de Sindicatos Unidos -integrado por la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA- que ya había anunciado un paro con movilización al Congreso para la fecha del tratamiento legislativo.

Previo a la definición formal, uno de los cotitulares de la CGT, Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio), aseguró que estaban "dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional".

El dirigente sostuvo que la central obrera considera que "no fueron escuchados sus pedidos" y que por ese motivo avanzaron con la convocatoria. Además, expresó que trabajarán para que la medida tenga "el mayor grado de acatamiento de todos los sectores, para que sea una gran huelga contundente".

"Es una locura, va contra los derechos de los trabajadores"

Jerónimo redobló las críticas contra la iniciativa oficial y afirmó que la reforma laboral "es una locura, va en contra de los derechos de los trabajadores". También sostuvo que el proyecto tiene "una redacción maliciosa y carga ideológica" y que fue impulsado para "tapar el fracaso del plan económico del Gobierno".

En ese marco, cuestionó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al señalar que busca "romper la matriz sindical" y avanzar sobre las conquistas laborales.

Desde la CGT aseguraron que agotaron las instancias de diálogo con gobernadores y senadores, y ratificaron su rechazo al proyecto, que consideran regresivo en materia de derechos laborales.