El informe, ordenado por el interventor Alejandro Vilches, analizó el período entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 y expuso graves falencias estructurales. Detectó irregularidades en la compra de medicamentos e insumos, ausencia de controles, falta de contratos, debilidades en la trazabilidad y sistemas informáticos inconexos en programas clave como Incluir Salud.

Según el documento, estas fallas no fueron accidentales: habrían sido aprovechadas de manera consciente para favorecer a proveedores seleccionados de forma arbitraria, en perjuicio del Estado y de un sector social altamente vulnerable. Además de Spagnuolo, la investigación compromete a varios exfuncionarios del organismo.

El registro paralelo de proveedores

La auditoría también reveló que la ANDIS manejaba un registro propio, informal y opaco, por fuera de los sistemas oficiales. Se invitaba a cotizar a empresas sin inscripción regular, con antecedentes incompletos o vinculaciones cruzadas, lo que impedía cualquier control real de precios, capacidad operativa o conflictos de interés.

Mensajes, simulaciones y causa abierta

Los procesos de compra aparentaban transparencia mediante software, pero detrás operaban decisiones discrecionales coordinadas por WhatsApp y Telegram. Tras el estallido del escándalo, esas comunicaciones pasaron a canales oficiales. Spagnuolo, por ahora, no irá a prisión, pero la causa avanza con una auditoría que dejó al descubierto el corazón del sistema.