La Corte Suprema de Justicia de Tucumán y el camarista civil Benjamín Moisá protagonizan hoy un cortocircuito institucional que desnuda las fracturas internas del sistema. El máximo tribunal sancionó a Moisá con un "llamado de atención" por rechazar un documento que contenía firmas escaneadas en lugar de firmas digitales, acusándolo de incurrir en un "rigorismo formal manifiesto".

La respuesta del magistrado llegó en un furibundo escrito de 20 páginas donde calificó la medida como un "avasallamiento" y trazó un paralelismo histórico contundente: acusó a la Corte de querer imponer una visión única, comparando su accionar con el "sistema nacionalista del Tercer Reich". Para Moisá, defender la exigencia de la firma digital hace a la integridad jurídica, y acatar ciegamente la jerarquía administrativa atenta contra el control de constitucionalidad.

Mientras en las más altas esferas del derecho tucumano se debaten jerarquías doctrinales, las corporaciones judiciales buscan blindarse frente a la opinión pública. Recientemente, la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT) y la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) salieron a repudiar de manera enérgica una serie de campañas públicas y fuertes cuestionamientos contra algunos magistrados. En sus comunicados, los funcionarios denuncian escraches y hostigamiento argumentando que estos cuestionamientos "lesionan gravemente el Estado de Derecho" y esgrimiendo que la independencia judicial "es una garantía de la ciudadanía y no un privilegio".

El accionar de la Corte y el rol de las asociaciones de funcionarios judiciales son analizados por un viejo conocedor de los pasillos provinciales, quien advierte sobre un degradamiento sistemático de la justicia y sus resortes en la provincia: "Desde que Gandur no está, perdió nivel la Corte y las asociaciones de magistrados rara vez defienden a sus miembros cuando el poder político los apunta", explica el veterano, indicando que "basta recordar como dejaron solo al juez Ruiz, cuando en 2015 había declarado nulos los comicios provinciales", puntualizando además, que el sistema judicial "viene devaluándose desde mucho antes".

De la doctrina al despacho: El peso del poder político

Sin embargo, basta observar la realidad política reciente para que esa pregonada "independencia" quede bajo un manto de sospecha. Las acusaciones de diputados de La Libertad Avanza exponen a un Poder Judicial que parece actuar a la carta de las presiones del Poder Ejecutivo provincial. Por un lado, el juez Pedro Cagna le dio 48 horas a la diputada Soledad Molinuevo para que borrara de sus redes sociales los posteos críticos contra el gobernador Osvaldo Jaldo, bajo amenaza de severas multas e incluso causas penales. Molinuevo tuvo que acatar la orden bajo protesta, denunciando lo que calificó como "un claro caso de censura previa" y advirtiendo que gran parte del Poder Judicial local se inclina ante las exigencias del oficialismo.

A la par de este silenciamiento, los tribunales demostraron una notable flexibilidad cuando los acusados responden al entramado político. Marcelo "Pichón" Segura, quien le propinó un brutal cabezazo al diputado nacional Federico Pelli en medio de una entrega de donaciones, fue beneficiado con el arresto domiciliario en menos de un mes, argumentando problemas de diabetes e hipertensión. Para el diputado Pelli, este fallo es "un muy mal mensaje a la sociedad", mientras que su querella lo resumió con una frase lapidaria: "Cuando la política entra por la puerta, el derecho sale despavorido por la ventana".

Pero, para dimensionar verdaderamente el comportamiento de la Justicia tucumana, hay que correrse de las discusiones entre académicos o de los tironeos entre oficialistas y opositores. ¿Qué sucede con el ciudadano de a pie, aquel que no tiene fueros legislativos ni el teléfono del Gobernador?

La respuesta institucional frente al ciudadano común revela una negligencia alarmante. En Tafí Viejo, José Gabriel Ramos protagonizó un violento asalto al ingresar de madrugada en una vivienda, donde abusó sexualmente de una mujer en su propia cama. A pesar de la gravedad extrema del robo doblemente agravado y el abuso consumado, y de que fueron los propios vecinos quienes tuvieron que reducir al delincuente cuerpo a cuerpo, el juez de la causa desestimó el pedido de prisión preventiva y premió al agresor con apenas 21 días de "arresto domiciliario".

Este es el verdadero rostro del sistema judicial en la provincia: una Justicia sumergida en debates de ego y acusaciones de censura política, mientras deja una "puerta giratoria" abierta de par en par para quienes vulneran la integridad del ciudadano, devolviendo a los abusadores a sus propios barrios y condenando a las víctimas a la desprotección absoluta.