Es una imagen dura, pero inevitable cuando se repasan algunos de los hechos que marcan la agenda judicial de la provincia en las últimas semanas. Y lo es aún más cuando contrasta con una frase repetida desde el poder político. El gobernador Osvaldo Jaldo ha dicho en reiteradas oportunidades que "en Tucumán se terminó la impunidad". El problema es que los expedientes parecen contar otra historia.

Los casos que sacuden a la justicia tucumana

Uno de los casos más evidentes es el de Tafí del Valle. El hecho que conmocionó a la provincia sigue sin detenidos. Pasaron semanas, la conmoción pública fue enorme, las promesas de investigación también, pero en términos concretos la causa continúa sin responsables identificados. Cuando un caso de alto impacto queda estancado, el mensaje que recibe la sociedad es peligroso: que incluso frente a la gravedad, el sistema puede fallar.

El prontuario de Felipe "El Militar" Sosa

Otro expediente expone con crudeza las grietas del sistema judicial: el caso de Felipe "El Militar" Sosa, hoy detenido por el aberrante crimen de Érika Antonella Álvarez. Pero la pregunta incómoda que sobrevuela es inevitable: ¿cómo llegó hasta ahí?

Sosa tenía antecedentes que debieron haber encendido alarmas:

Había sido denunciado por violencia de género por una expareja.

También por amenazas por parte de su ex cuñado.

Había estado involucrado en una causa federal por tenencia de drogas.

Sin embargo, siguió libre. Nadie frenó la escalada. Nadie logró evitar que ese prontuario terminara en una tragedia. Cuando el Estado llega tarde, la justicia deja de ser preventiva y se convierte en una simple reacción posterior al daño. Y eso, en materia de violencia y delitos graves, suele pagarse demasiado caro.

El dictamen de Edmundo Jiménez y el caso Trapani-Rodríguez

A ese escenario se suma ahora otro episodio que vuelve a sacudir la confianza pública en el sistema judicial: el dictamen del ministro fiscal Edmundo Jiménez que plantea revocar la condena por violación contra Franco Trapani y Álvaro Rodríguez.

La sola posibilidad de que una sentencia por un delito de semejante gravedad pueda quedar sin efecto reabre debates incómodos en una sociedad que aún arrastra una larga historia de impunidad en casos de violencia sexual. Cada vez que una condena firme entra en revisión bajo argumentos que parecen favorecer al acusado más que proteger a la víctima, la sensación social es siempre la misma: que el sistema sigue siendo demasiado frágil para garantizar justicia.

"El problema de la impunidad en Tucumán no es solo jurídico: es profundamente político e institucional."

Crisis de confianza institucional

No se trata de desconocer el principio de legalidad ni el derecho a la defensa. Eso es parte esencial del Estado de derecho. Pero otra cosa muy distinta es que los expedientes acumulen decisiones, demoras u omisiones que, en conjunto, terminan debilitando la credibilidad del sistema judicial.

Porque cuando los discursos oficiales afirman que la impunidad se terminó, pero los casos concretos muestran lo contrario, la distancia entre la palabra y la realidad se vuelve demasiado evidente. Y cuando esa distancia se vuelve cotidiana, la confianza pública empieza a resquebrajarse.

Tal vez el mayor desafío de la justicia tucumana no sea dictar más fallos ni abrir más expedientes. El desafío real es demostrar que el sistema funciona antes de que sea demasiado tarde. Mientras eso no ocurra, cada nuevo caso seguirá regando ese jardín incómodo que Tucumán conoce demasiado bien: el de la impunidad.Te puede interesar: Edmundo Jiménez pidió anular una condena por violación y reabre el debate sobre la impunidad en Tucumán