En una resolución que lleva alivio al reclamo de justicia, el sistema judicial tucumano le cerró la puerta a la posibilidad de que Justina Gordillo regresara a su hogar. La imputada por el asesinato de Erika Álvarez continuará cumpliendo prisión preventiva en una unidad penitenciaria, luego de que el juez interviniente desestimara los argumentos de la defensa para morigerar su encierro.

El pedido de prisión domiciliaria se fundamentaba en cuestiones de salud y arraigo, pero el magistrado consideró que los riesgos procesales -específicamente el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación- siguen vigentes y son elevados dada la naturaleza del delito.

Un crimen que marca a Tucumán

El caso de Erika Álvarez no es uno más en la crónica policial. La brutalidad del hecho y el vínculo entre las partes han puesto la lupa sobre la celeridad de la justicia tucumana. Con esta decisión, el juzgado envía un mensaje: en causas de extrema gravedad, el cumplimiento de la preventiva en establecimientos carcelarios es la regla, no la excepción.

El rechazo a la domiciliaria: ¿Qué sigue?

La defensa de Gordillo había intentado agotar las instancias para lograr el beneficio, pero la querella y el Ministerio Público Fiscal se opusieron férreamente. Entre los puntos clave del rechazo figuran:

Gravedad del hecho: La escala penal prevista para el delito impide beneficios tempranos.

Presión social: La comunidad tucumana sigue de cerca cada paso del expediente, exigiendo penas ejemplares.

Etapa de instrucción: Se espera que la causa sea elevada a juicio oral en el corto plazo para determinar la responsabilidad definitiva de los acusados.

Mientras tanto, la familia de Erika Álvarez sostiene su pedido de justicia, advirtiendo que cualquier beneficio a los imputados sería un retroceso en la lucha contra la impunidad en la provincia.