En su columna de Página 12, Carolina Fernández analiza cómo la muerte de Karla Robles es el resultado de un hostigamiento sistemático que comenzó mucho antes de que la joven se quitara la vida. La autora subraya que su ex pareja, Diego Zerda, la indujo al suicidio y que las denuncias por violencia de género que Karla presentó desde 2022 fueron ignoradas por quienes debían protegerla.

Fernández destaca que la reciente decisión de la Legislatura tucumana de rechazar el pedido de juicio político contra Edmundo Jiménez, titular del Ministerio Público Fiscal, es un ejemplo más de la impunidad estructural que facilita que estos casos terminen en tragedia. Según la columna, la mamá de Karla, Mirta Gimenez, describe con detalle el último día de su hija: la habitación intacta, las fotos, los proyectos detenidos y los mensajes intimidatorios que Karla recibía constantemente de Zerda.

La autora señala que la violencia ejercida sobre Karla no fue solo física ni verbal, sino institucional: las medidas cautelares existentes no fueron cumplidas, las denuncias no tuvieron seguimiento y nadie detuvo al agresor. Fernández subraya que este patrón no es excepcional: en Tucumán y en todo el país, muchas mujeres que denuncian son desoídas y el sistema judicial sigue sin perspectiva de género, haciendo de la vida de las mujeres un bien prescindible.

La columna concluye que casos como el de Karla Robles muestran cómo la negligencia y la complicidad institucional permiten que la violencia machista se consolide, y cómo el poder legislativo y judicial pueden convertirse en actores que reproducen la impunidad.