La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo decidió suspender el decreto 341, firmado por el presidente Javier Milei, que retiraba al Estado Nacional de la negociación salarial docente y modificaba la Ley de Financiamiento Educativo. La medida obliga al Gobierno a reabrir la Paritaria Nacional Docente, que mantiene un piso salarial de $500.000 desde marzo.

La acción fue impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que presentó un amparo argumentando que el decreto vulnera derechos laborales fundamentales. La norma, vigente desde el 21 de mayo, establecía que las negociaciones salariales debían realizarse solo entre el Consejo Federal de Educación y los gremios, excluyendo al Estado Nacional. Además, facultaba a la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, para refrendar o exigir nuevas propuestas según las restricciones presupuestarias.

Los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, que ya habían frenado en junio el DNU 340 sobre el derecho a huelga, otorgaron la medida cautelar a CTERA. En su fallo indicaron que la delegación legislativa usada por el Ejecutivo no es clara ni suficiente y que la norma podría violar principios constitucionales. Subrayaron que la negociación colectiva docente está protegida internacionalmente por convenios de la OIT (98, 151 y 154), por lo que el decreto afecta este derecho fundamental.

El tribunal cuestionó la falta de demostración legal del Estado para justificar la medida y priorizó la protección del derecho a la negociación colectiva, desestimando los argumentos oficiales sobre la vía administrativa y la falta de perjuicio irreparable.

 Reacción de CTERA y críticas a la política educativa del Gobierno 

Desde CTERA, Sonia Alesso valoró la decisión y señaló que el fallo impone al Gobierno "la obligación ineludible de convocar a la Paritaria Nacional Docente" frente a la grave crisis salarial. La dirigente denunció además el desmantelamiento del sistema educativo, el incumplimiento en el pago de asignaciones como el FONID, la eliminación de conectividad para docentes, la supresión de programas sociales y la falta de transferencias para comedores escolares.