La Justicia frenó el decreto de Milei que buscaba perdonar a evasores fiscales
Casación declaró inconstitucional una medida que beneficiaba a empresarios condenados en el caso "Cereal Negro". Fuerte revés judicial para el Gobierno.
Casación le puso freno a la amnistía fiscal extendida por decreto
La Cámara Federal de Casación Penal invalidó el Decreto 608/2024 del presidente Javier Milei, que intentaba aplicar un blanqueo fiscal retroactivo para beneficiar a empresarios condenados por evasión agravada y asociación ilícita. La resolución impacta directamente sobre la causa "Cereal Negro", donde se investigaron maniobras con cereal en negro a través de empresas como Vicentin, Cargill y Bunge Argentina.
Con los votos de los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma -y la disidencia de Guillermo Yacobucci-, la Sala II hizo lugar a los recursos presentados por la AFIP y el Ministerio Público Fiscal, al considerar que el decreto excedía las facultades del Poder Ejecutivo.
"Democracias delegativas": el duro fallo contra el Ejecutivo
En su argumentación, el juez Slokar apuntó directamente al intento del Gobierno de extender el alcance de una ley fiscal sin intervención del Congreso. "Se desnaturalizan los límites constitucionales cuando se salta el debate legislativo", sostuvo, advirtiendo sobre los riesgos de autonomía desmedida del Ejecutivo en temas penales y fiscales.
El fallo también calificó como "arbitraria" la decisión previa del Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba, que había aceptado aplicar el decreto a favor de los empresarios implicados.
Cómo operaba la red de evasión fiscal del caso "Cereal Negro"
La causa judicial determinó que los acusados habían diseñado un sistema de compra ilegal de granos y posterior blanqueo mediante empresas fantasma a nombre de prestanombres insolventes. El circuito permitió defraudar al Estado por montos millonarios, que fueron utilizados para la compra de inmuebles y vehículos de lujo.
El revés judicial llega en un contexto en el que el Gobierno promueve políticas de blanqueo fiscal y alivio impositivo para sectores de altos ingresos, mientras mantiene fuertes recortes en áreas sociales y jubilaciones. La decisión de Casación marca un límite legal claro al intento de extender esos beneficios a casos penales ya juzgados.