Hay momentos en los que la política puede seguir mirando para otro lado, y momentos en los que el silencio ya se convierte en complicidad. El pedido de juicio político contra el ministro fiscal Edmundo "Pirincho" Jiménez, presentado por la madre de Karla Robles y ahora respaldado por una figura de peso institucional como Bernardo Saravia Frías, marca ese punto de no retorno para la Comisión de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán.
Porque esta vez no se trata solo de un expediente más que llega a los cajones de la Comisión esa tierra de nadie donde suelen dormir las denuncias incómodas, sino de un caso que desnuda fallas estructurales, omisiones reiteradas y un deterioro institucional profundo.

Una Comisión que elige no ver

Desde hace años, la Comisión de Juicio Político actúa como si en Tucumán no ocurriera nada. Como si los cuestionamientos al Ministerio Público Fiscal fueran apenas ruido mediático. Como si los casos de Paola Tacacho, Roxana Teves, el caso Vélez o ahora el de Karla Robles, entre otros, fueran tragedias aisladas y no los síntomas de un sistema que dejó de cumplir su función esencial: proteger a los ciudadanos, especialmente a las mujeres víctimas de violencia.
Esa inacción tiene nombres y responsabilidades. Y el principal es el de la propia Comisión, que prefiere hacerse la distraída antes que enfrentar al funcionario más poderoso del aparato judicial tucumano.

La denuncia de una madre que obliga a la política a mirarse al espejo

Mirta Isabel Giménez no pidió privilegios. Pidió lo básico: que el Estado cuide a su hija. No lo hizo. Que investigue al agresor de Karla. No lo hizo. Que responda ante años de hostigamiento y denuncias. Tampoco lo hizo.
Su presentación es dura, directa y profundamente incómoda: habla de negligencia, abandono, parcialidad manifiesta, influencias lesivas, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falta de independencia y corrupción estructural.
Y ahora su voz no está sola. Saravia Frías, exprocurador del Tesoro, calificó la situación como de "gravedad institucional" y pidió a la Comisión que cumpla con su mandato constitucional. Cuando una figura de ese nivel avala la apertura del proceso, ya no hay margen para la coartada de la indiferencia.

El límite de la impunidad política

En cualquier democracia madura, un pedido de juicio político semejante obligaría al Poder Legislativo a actuar con rapidez y transparencia. Pero en Tucumán, la Comisión de Juicio Político suele operar bajo otra lógica: la de la protección política, la cobardía institucional y el cálculo chico.
La pregunta es simple: ¿hasta cuándo la Legislatura va a seguir siendo garante del statu quo judicial?
La Comisión no está para blindar a los poderosos ni para administrar silencios. Está para resguardar la institucionalidad, investigar y, cuando corresponda, remover a quienes desviaron el poder que se les confió.

Jiménez, un poder sin control

Edmundo Jiménez, de 81 años, acumula 11 años de cuestionamientos y un manejo del Ministerio Público Fiscal que, de acuerdo con múltiples denuncias, oscila entre la inacción y la arbitrariedad. Si el máximo responsable del poder penal del Estado no es investigado cuando una madre lo acusa directamente de contribuir a la muerte de su hija, ¿cuándo entonces?
Si ni siquiera un pedido reforzado por un exprocurador del Tesoro alcanza para activar los resortes institucionales, ¿qué queda del sistema de controles?

La Comisión está ante su prueba definitiva

La Legislatura tiene hoy una oportunidad histórica: demostrar que no todo está perdido, que las instituciones pueden funcionar, que el dolor de una familia puede movilizar justicia en lugar de quedar archivado en un cajón más.
No es un juicio político contra un hombre. Es una evaluación del funcionamiento de todo un sistema judicial.
Es decidir si Tucumán va a seguir tolerando la impunidad del poder o si, por una vez, va a ponerle límite.
La Comisión de Juicio Político ya no puede simular neutralidad ni esconderse detrás de tecnicismos.
Tiene que actuar. O asumirá, para siempre, el peso de haber mirado hacia otro lado mientras una madre pedía justicia por una hija que el Estado dejó sola.