En una resolución que no ahorró críticas, el juez de Monteros, Mario Velázquez, negó un pedido de allanamiento contra un hombre acusado de robar una motocicleta. Según el magistrado, la investigación policial estuvo plagada de irregularidades y la fiscalía sustentó su solicitud en métodos "inconstitucionales", como las llamadas razzias o "trencitos".

Velázquez advirtió que no había pruebas objetivas suficientes para vulnerar el derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio y cuestionó directamente cómo se llevó adelante la pesquisa.

Testimonios anónimos y "derecho penal de autor"

El caso comenzó el 4 de agosto, cuando un obrero denunció el robo de su motocicleta Honda CG 125. La Policía señaló como sospechoso a un hombre apodado "Nano", basándose en cámaras de seguridad y en que, días antes, había sido trasladado a una dependencia para ser identificado y fotografiado.

Sin embargo, gran parte de la imputación se apoyaba en testigos anónimos y en la ropa que llevaba el acusado. Para Velázquez, esto equivalía a aplicar un "derecho penal de autor" y no del hecho, lo que viola el principio de contradicción al impedir que el imputado confronte esas acusaciones.

Críticas a las razzias y advertencias sobre abusos

El juez dedicó uno de los tramos más duros de su resolución a rechazar las razzias policiales, prácticas que definió como operativos arbitrarios y masivos, condenados incluso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordó el caso de Walter Bulacio como ejemplo de las consecuencias graves que pueden derivar de detenciones sin sustento legal.

Velázquez subrayó que el Ministerio Público Fiscal, lejos de corregir estos excesos, los incorporó como argumento para pedir el allanamiento. "No puede fundarse una decisión judicial en actos cumplidos con inobservancia de los derechos y garantías del imputado", concluyó.

Un llamado de atención al sistema

Si bien el juez dejó abierta la posibilidad de autorizar el allanamiento en el futuro, aclaró que solo será viable si la investigación reúne pruebas válidas y constitucionales. Más allá del caso puntual, su fallo expone una crítica de fondo a cómo se están llevando adelante ciertas investigaciones en Tucumán, donde aún se aplican normativas declaradas inconstitucionales hace más de una década.